Tras más de tres días y 11 horas de discusión, el Consejo de Estado, por una votación de 14 a 11, negó anoche la ponencia del magistrado Guillermo Vargas, que señalaba que en el proceso disciplinario de la Procuraduría se le había negado el derecho al debido proceso al alcalde Gustavo Petro.
Así las cosas, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo decidió dejar en firme la polémica destitución e inhabilidad por 15 años dictada por el Ministerio Público contra el burgomaestre de origen cordobés, a raíz de la implementación de un nuevo esquema de aseo en la ciudad.
Según la mayoría de togados, la figura de la tutela no puede usarse para impedir una destitución, ya que existen otros mecanismos, como las demandas ante esa misma alta corte, argumento que ya había usado un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para tumbar esa misma acción de tutela, interpuesta por la defensa del mandatario distrital.
Pese al revés jurídico ante el Consejo de Estado, Petro sigue en la Alcaldía porque aún hay recursos de amparo (acciones de tutela) en favor suyo que deben ser fallados en otras instancias judiciales en donde fueron interpuestos.
La presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, no obstante, explicó que la tutela que se cayó es distinta a las que interpusieron los electores de Petro, que serán estudiadas más adelante.
Adicionalmente, en el Consejo Superior de la Judicatura han sido radicados otros 326 recursos de amparo contra la destitución que aún no han sido fallados. También queda pendiente una eventual revisión de los fallos en la Corte Constitucional.
Por su parte, el alcalde de la capital anunció que sus abogados han sido citados el próximo 24 de marzo a la sede en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde se instalará la audiencia sobre garantías y derechos políticos en Colombia.
En el ente del Sistema Interamericano se evalúa una solicitud de medidas cautelares que hiciera el burgomaestre en diciembre pasado, invocando la protección de sus derechos políticos.
El pasado 9 de diciembre, el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro, sentencia que aún no está en firme por los diferentes recursos presentados por el alcalde ante la Justicia colombiana y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que pidió medidas cautelares.
Según la Constitución, la Procuraduría General ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.
El alcalde Petro, quien llegó al cargo por voto popular para el periodo 2012-2015, ha defendido siempre que una sanción administrativa no puede destituir a un funcionario elegido por el pueblo.
Petro, quien mantuvo todo el día reuniones con sus más cercanos asesores, convocó para el próximo viernes a una manifestación en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en uno de cuyos costados está la Alcaldía.
'Los espero el viernes en la Plaza de Bolívar', señaló el alcalde en un mensaje en su cuenta de Twitter, y en otro señaló que 'la única defensa que le queda a la Bogotá Humana (lema de su gobierno) es la ciudadanía misma movilizada'.
