Funcionario brasileño pedía dinero para liberar cuerpos de la morgue
Cinco casas funerarias pagaban ilegalmente a tres funcionarios para trabajar sobre los cuerpos en el área forense del centro, lo cual es una práctica ilegal, y finalmente pedían a los familiares dinero para entregárselos.
La saga de corrupción en Brasil llegó a su nivel más tétrico con acusaciones de que un concejal de Rio de Janeiro obligaba a familiares de personas muertas a pagar sobornos para entregar los cuerpos.
El concejal Gilberto de Oliveira Lima y otros dos funcionarios fueron denunciados por integrar una "mafia" en el Instituto Médico Legal (IML) de la ciudad, donde se realizan las autopsias, dijo la Fiscalía el martes en un comunicado.
"El esquema funcionó al menos desde 2014 hasta ahora", precisó el texto.
De Oliveira Lima está acusado de trabajar en conjunto con cuatro hospitales para conseguir que los cadáveres sean transferidos al IML, en ciertos casos sin necesidad alguna de autopsia.
Luego, cinco casas funerarias pagaban ilegalmente a los tres funcionarios para que les permitieran trabajar sobre los cuerpos en el área forense del centro, lo cual es una práctica ilegal, y finalmente pedían a los familiares dinero para entregárselos.
"Para incrementar las ganancias, los hospitales enviaron cuerpos [al IML] de personas que murieron por causas naturales -no violentas ni sospechosas-, por lo que no era necesario que lo hicieran. De esa forma, la demanda era siempre alta (...) Los parientes debían pagar sobornos para recuperar los cuerpos", explicó la Fiscalía.
El caso se hizo público en momentos en que Brasil continúa sacudido por el escándalo de corrupción ‘Lava Jato’, que involucró al primer nivel político y empresarial del país en una trama de desvíos de dinero público que comenzó en la estatal Petrobras y luego se diseminó a diversos sectores.
La saga de corrupción alcanzó al propio presidente Michel Temer, que fue acusado de solicitar dinero por debajo de la mesa a una importante empresa frigorífica, un proceso iniciado por la Fiscalía General que finalmente fue bloqueado la semana pasada por la Cámara de Diputados.
