El drama de 59 costeños presos por “mercenarios”

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08 Octubre 2017 - 00:08

El drama de 59 costeños presos por “mercenarios”

Desde hace más de un año, cuatro barranquilleros y 55 bolivarenses se hallan en una cárcel venezolana, con otros dos colombianos, por un presunto plan de paramilitares contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y aún no les definen su situación.

El grupo de colombianos durante una revista en el galpón que funciona como prisión en un comando de tránsito de la Policía en Caracas.
Por: Jesus Blanquicet @Jesub

Desde hace más de un año, cuatro barranquilleros y 55 bolivarenses se hallan en una cárcel venezolana, con otros dos colombianos, por un presunto plan de paramilitares contra el presidente de ese país, Nicolás Maduro, y aún no les definen su situación.

Enoc Montemiranda Molinares lleva contados los días que le ha tocado permanecer privado de su libertad. Dice que son 404, “encerrado pasando todas las necesidades imaginables. No maté a nadie, no robé y no trafiqué con drogas. Tampoco falsifiqué documentos, ni infringí, que recuerde, ninguna ley”, asegura con tono firme pero pausado. 

Este hombre, de 44 años, nacido en el barrio La Unión de Barranquilla, está preso en un galpón que funciona como cárcel en el comando de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, al suroeste de Caracas, Venezuela. Junto a él se encuentran otros tres barranquilleros, uno de Manizales, otro de Bucaramanga y 55 personas oriundas de varias poblaciones de Bolívar, entre ellas una mujer. Todos están tratando de resolver, como pueden, una situación que les parece “absurda y caprichosa”.

Corría la tarde del primero de septiembre de 2016 en la capital del vecino país cuando el presidente Nicolás Maduro anunció, durante su participación en la concentración oficialista “en defensa de la paz”,  por cadena nacional de radio y televisión, los resultados de un operativo policial adelantado en Caracas contra “un campamento de paramilitares colombianos”.

“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano.

El abogado Sergio Aranguren, quien ejerce de  defensor de este grupo, señala que hasta la fecha no existe “una investigación formal ni una acusación que demuestre que estos colombianos incurrieron en algún delito dentro de este país (Venezuela)”.

Nos dijeron que nos iban a deportar pero no sucedió de esa manera

Inicia el “tormento”

Montemiranda, quien fue contactado  por este medio vía telefónica desde la prisión, cuenta que la mañana del 30 de agosto de 2016 se dirigía a su trabajo cuando fue subido contra su voluntad a un camión militar.

“Caminaba por la avenida Fuerzas Armadas (centro de Caracas) cuando una alcabala de militares me detiene y me pide los documentos. Esa rutina es común acá, por lo que no me preocupé. Sin embargo, al transcurrir los minutos me subieron a un camión y no me devolvieron los papeles. No sabía qué pasaba. Jamás me dijeron nada. Allí inicia mi tormento”, cuenta el técnico en electrónica y ayudante de panadería.

Junto a otros colombianos fue conducido esa misma tarde hasta las instalaciones del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime,  en pleno centro de la capital .

De allí lo llevaron a un calabozo donde permaneció junto a los demás connacionales incomunicado por tres días. “Nos dijeron que nos iban a deportar, pero no sucedió de esa manera. Hasta ese punto no sabíamos lo que pasaba. Luego nos trasladaron hasta la sede del comando de la División Nacional Contra la Delincuencia Organizada”, cuenta Montemiranda, y señala que allí permanecieron sobre la azotea de la edificación, sin techo y a la intemperie por 26 días.

“Llovió como nunca durante esos días a toda hora y, paradójicamente, los días que no llovía hacía un sol terrible. Dormíamos en el suelo. La ropa mojada se nos secaba encima. Eso fue una pesadilla que no se la deseo a nadie”, narra el barranquillero, con 8 años de permanencia en Caracas.

Manifiesta que la noche del 24 de septiembre finalmente les avisaron que se había dado la orden para su deportación. “Nos mandaron a recoger las cosas y nos subieron a unos buses con destino a San Cristóbal (estado Táchira). El recorrido demoró más de 12 horas, íbamos  escoltados más que el presidente”.

Los 61 colombianos están hacinados en el espacio habilitado para la detención.
Los 61 colombianos están hacinados en el espacio habilitado para la detención.

Las promesas

Emerson González, de 42 años, es otro barranquillero detenido en Caracas. Su historia es similar a la de Enoc. Lo capturaron mientras iba caminando en el sector de Catia (noroeste de Caracas), pero a la salida de su trabajo, en la tarde del 31 de agosto. Señala que padeció los 26 días a la intemperie y también fue llevado a Táchira, para su supuesta deportación.  

“Estando en el comando de tránsito de la Policía Bolivariana en San Cristóbal las cosas no fueron distintas. Allí estuvimos 13 días. Hasta que un policía nos dijo que se habían equivocado, que se dieron cuenta de que éramos unas personas trabajadoras y que no nos iban a deportar. Que iban a darnos cédula   a quienes no la tenían y casas a quienes no tuvieran”, explica González.

Sin embargo, las promesas quedaron allí. “Fuimos regresados a Caracas, pero esta vez al lugar donde nos encontramos. Acá estamos abandonados tanto de las autoridades de Colombia como de las de Venezuela. Nos dejan recibir a nuestros familiares, quienes nos traen lo poco que pueden conseguir, pues la mayoría de nosotros éramos sus únicos sustentos”, apunta con la voz entrecortada.

Asegura que durante su permanencia en ese galpón han recibido a personal del consulado colombiano en Caracas, pero “solo han venido  dos veces. Nos trajeron un poquito de café y algunas cosas más”.

“Estamos pasando hambre y necesidades impresionantes. Es notoria la situación por la que hoy atraviesa Venezuela. Imagínese, si es difícil para alguien que está en libertad, para nosotros es como estar en el purgatorio”, asevera González.  

Algunos han muerto y otros se han volado

El grupo, que en un principio era de 92 colombianos, se ha reducido a 61. “A varios de los compañeros que estaban acá les han dado medidas humanitarias por su  notable deterioro de  salud. Vimos morir a tres compatriotas”, dice González, y  detalla que “poco después de regresar de Táchira un hombre falleció debido a que una cucaracha se le metió en el oído. Le dio fiebre, él pedía ayuda y nunca se la dieron: Una mañana amaneció muerto. Y dos personas más, un hombre y una mujer, fallecieron por complicaciones coronarias. No tenían las pastillas para tratarse sus enfermedades”. Otros, asegura González, “se han fugado” del galpón.

“Ya estamos en un punto de desesperación. Hemos enviado mensajes por Instagram  a todos los funcionarios que hemos podido. Al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a la Canciller, al presidente Santos. También a varios medios de comunicación con la intención de que visibilicen nuestra situación, pero al parecer todo ha sido en vano, nadie nos ayuda, nos olvidaron. Les decimos a todos que somos inocentes”, afirma en tono enérgico Montemiranda, a través del teléfono.

El espacio

De acuerdo con el portal de noticias venezolano elcooperante.com, el grupo de 61 colombianos comparte un espacio no mayor a 10 metros cuadrados. 

“Están azotados por las chiripas (cucarachas pequeñas), zancudos y las constantes inundaciones en su prisión.

“Algunas veces se presenta que quitan el agua todo el día, por lo que nos tenemos que bañar con tobitos (baldes), no vemos la luz del sol hasta que nos sacan para pasar revista. Durante ocho meses comíamos una sola vez al día auyama sancochada y agua”, contó Enoc Montemiranda a ese medio.

“Nadie nos supo decir qué hacer”

Sentada en el interior de una humilde vivienda del barrio 7 de Abril se encontraba esta semana Edtih Barrios de González, la madre de Emerson González, quien accedió a contarle a EL HERALDO “la desesperación” que le ha tocado vivir durante más de un año sabiendo que su hijo se encuentra preso a 1.171 kilómetros de su casa.

“Apenas nos enteramos de lo que pasó comenzamos a movilizarnos, acá no sabíamos qué hacer, fuimos a la Fiscalía, allí nos dijeron que eso no era problema de ellos. Seguimos haciendo vueltas, nos respondieron que habláramos con el cónsul en Caracas, recogimos firmas acá y se las mandamos allá, pero nos dijeron que eso no era así, que no iba a servir, porque era un problema político que un abogado no podía resolver. Solo Maduro podía solventar la situación”, expone con los ojos a punto de estallar en llanto, admitiendo que no ha vuelto a “hacer nada”. 

Prosigue contando que ahora solo lo ayuda con lo que puede desde acá. “Le mando $50.000 o $30.000 semanales. La semana pasada, por ejemplo, la esposa me llamó para decirme que mi hijo estaba enfermo, que no conseguía medicinas y me tocó mandárselas”. 

Barrios es modista y reside en ese barrio hace más de 40 años. Asegura que  nadie “puede dar mala referencia de mi hijo. Él se fue a Venezuela buscando una mejor oportunidad para su familia. Acá trabajó como carnicero en la Olímpica, es bachiller y padre de tres hijos, de los cuales dos nacieron allá (Venezuela)”. 

“Me da pesar la situación de mi hijo. No sé si come, no sé cómo está. Es difícil todo esto, más para una familia completa que está lejos de él”, apunta Barrios, quien de manera enfática solicita a los gobiernos de Maduro y Santos que ayuden a resolver la situación de estos colombianos. 

“Ellos no son paramilitares. Les pido a las autoridades que se pongan la mano en el corazón y actúen con justicia. Si ellos fueran unos delincuentes desde hace rato los hubieran agarrado haciendo algo. Son gente honesta, padres y cabezas de familia. Presidente Santos, ayúdeme, ayúdenos para que podamos ver a nuestros seres queridos vivos y de regreso”, pide Barrios.

Edith Barrios, madre de Emerson González.
Edith Barrios, madre de Emerson González.

“Están privados de su libertad sin haber orden de detención”

Sergio Ramón Aranguren, quien hasta la fecha se ha encargado de la defensa de los capturados, asegura que desde un principio a estas personas “se les violaron sus derechos”. “Ellos están privados de su libertad sin haber una orden de detención emitida por algún tribunal. Ninguno fue presentado dentro de las 48 horas posteriores a su detención ante un juez, como lo ordena la constitución venezolana.  

Explica que en lo que va de proceso se han realizado cuatro audiencias, que fueron declaradas “nulas” al no haber una denuncia o acusación formal que los tipifique de algún delito en específico. 

“Solicitamos la figura de Habeas Corpus, pero tal audiencia no se realizó. Lo que nos lleva a definir que este caso es netamente político”, insiste el jurista venezolano experto en derechos humanos. 

En los tribunales de control de Caracas, asevera Aranguren, “dicen que no tenemos cualidad de representación para los colombianos, pero estamos trabajando en ejercer la defensa de estas personas y poder así continuar con los trámites”. 

Destaca que ha ido hasta las instalaciones del consulado en Caracas para poner “en conocimiento del caso al cónsul, pero “estos no demuestran ningún interés en ayudar a sus compatriotas, que ahora, más que nunca los necesitan”.

“Solicitamos la resolución de la situación jurídica”

Este medio buscó la versión de la Cancillería colombiana, la cual, a través de un comunicado, informó que: “A la fecha, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado General de Colombia en Caracas han elevado numerosas notas y sostenido reuniones al más alto nivel con las autoridades venezolanas competentes, solicitando su concurso para lograr la pronta resolución de la situación jurídica de los ciudadanos colombianos, considerando que a la fecha ésta no ha sido definida”. 

Recalcan que en el marco de las gestiones de la asistencia consular al grupo detenido, “el Consulado continúa brindando asistencia jurídica y social a los connacionales y sus familiares, acompañando el desarrollo del proceso legal, realizando visitas periódicas en el sitio de reclusión, la última realizada el 5 de octubre del 2017, velando por la alimentación y atención médica oportuna de los connacionales en La Yaguara (sector donde está el galpón carcelario)”.

Destacan que el Gobierno “manifiesta su compromiso con la protección de los derechos e intereses de los nacionales colombianos, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”.

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