Un total de 108 organizaciones civiles estadounidenses e internacionales enviaron este 16 de octubre una carta al Congreso de Estados Unidos para exigir una investigación formal sobre los ataques militares letales realizados por la Administración Trump en el sur del Caribe durante septiembre y octubre de este año, los cuales, según denuncian, habrían sido ejecutados sin autorización legislativa y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
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El documento fue dirigido a los presidentes y miembros de mayor rango de los Comités de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes, encabezados por los congresistas Roger Wicker, Jack Reed, Mike Rogers y Adam Smith.
Las organizaciones expresan su “alarma por la escalada del uso militar estadounidense en operaciones de control de drogas y aplicación de la ley”, y piden al Congreso tomar acciones urgentes “para prevenir más daños y frenar el uso indebido de la fuerza letal en nombre de la seguridad nacional”.
Ataques en el Caribe
Según la carta, los bombardeos estadounidenses en el mar Caribe tuvieron como blanco embarcaciones presuntamente implicadas en el tráfico de drogas, pero sin pruebas claras ni autorización del Congreso.
Los hechos, de acuerdo con lo que especifican, comenzaron el pasado 2 de septiembre, cuando fuerzas militares bajo órdenes directas del presidente Trump atacaron una embarcación supuestamente vinculada a actividades ilícitas, matando a las once personas que iban a bordo.
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Posteriormente, el 15 de septiembre, otro ataque acabó con la vida de tres personas, y el 3 de octubre se reportó una cuarta ofensiva en la que murieron todos los ocupantes del barco, según relatan los firmantes. Un quinto ataque, ocurrido el 14 de octubre, habría dejado seis víctimas adicionales.
Además, de acuerdo con información revelada recientemente por la cadena de noticias estadounidense CBS, EE. UU. habría llevado a cabo un sexto ataque contra otra embarcación en la región este mismo jueves 16 de octubre —al parecer poco tiempo antes de la carta enviada por las organizaciones—, que habría dejado sobrevivientes entre la tripulación, cuyo estado aún se desconoce.
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Los operativos, de acuerdo con la Casa Blanca, formaban parte de una misión contra el narcotráfico en la región, enfocada en miembros del grupo venezolano Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera. Sin embargo, las entidades civiles sostienen que las justificaciones ofrecidas “no superan el escrutinio legal nacional ni internacional”.
Posibles ejecuciones extrajudiciales
El documento señala que no existen evidencias de que las embarcaciones atacadas estuvieran armadas o representaran una amenaza inmediata para los buques estadounidenses. Tampoco, añaden, se ha explicado por qué no se aplicaron los protocolos regulares de captura antes de recurrir al uso de fuerza letal.
“Las recientes acciones letales en el Caribe no tienen base en la ley estadounidense ni en la internacional, y aparentan constituir ejecuciones extrajudiciales”, advierte la carta.
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Las organizaciones también condenan la militarización interna promovida por la administración Trump, que habría desplegado a la Guardia Nacional y personal activo del ejército en comunidades estadounidenses con fines policiales, lo que consideran una violación de los límites legales entre defensa y seguridad interna.
Llamado a la supervisión del Congreso
Los firmantes sostienen que la expansión del poder ejecutivo para ordenar ataques letales contra presuntos narcotraficantes representa un grave precedente y reclaman que el Congreso asuma su papel de control sobre el uso de la fuerza militar.
“El presidente ha hecho afirmaciones amplias de autoridad para emplear fuerza letal contra presuntos traficantes de drogas. Tales aseveraciones requieren una respuesta urgente del Congreso para prevenir más abusos”, señala el texto.
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Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la solicitud ni sobre la posible apertura de una investigación legislativa.
