El Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), instancia del Grupo de Puebla, expresó este viernes su “preocupación” por lo que considera una “guerra de poderes” entre las altas cortes colombianas que, a su juicio, pone en riesgo la democracia y el proceso electoral de 2026.
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En un comunicado, el organismo denunció que se está gestando en Colombia un “lawfare electoral”, es decir, el uso político de la justicia para excluir partidos y candidaturas, como —afirmó— ha ocurrido en Ecuador, Bolivia y Argentina.
El Clajud cuestionó al Consejo de Estado por negar personerías jurídicas a movimientos nacidos tras el acuerdo de paz de 2016 entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano, como, explicó, ocurrió la semana pasada con el partido Poder Popular, del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), quien es integrante del Grupo de Puebla.
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“Sin mediar prueba alguna, negando todas las solicitadas por los abogados de Samper, el propio presidente del Consejo de Estado impulsó una sentencia negativa”, señala la declaración.
La carta fue suscrita por 15 juristas y políticos de América Latina y Europa, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, la brasileña Carol Proner, el chileno Marco Enríquez Ominami y el abogado español Enrique Santiago, quien asesoró jurídicamente a las FARC durante el proceso de paz.
Samper compartió en X un fragmento del documento y denunció que esta práctica “restringe la representatividad, y, por lo tanto, la calidad y el alcance de nuestras democracias”.
El Grupo de Puebla es una plataforma política y académica de izquierdas creada en 2019 que reúne a expresidentes, dirigentes progresistas y juristas de América Latina y Europa, y que busca promover la integración regional y la defensa de la democracia en la región.
