Día de la Mujer 8 de marzo: Aborto libre, radiografía de un país que apenas empieza a entenderlo

A dos años de la despenalización del aborto, la decisión de la Corte Constitucional solo marcó el inicio de un largo trecho que tiene por recorrer el país. Falta de educación sexual y mayor voluntad política son algunos de los retos que hoy enfrentan las mujeres que, aunque contentas por lo hecho, quedan aún con el sin sabor de un derecho a medias.

Si en algo coinciden los expertos es que, aunque califican de 'histórico' la despenalización del aborto hasta la semana 24, estos también afirman que Colombia está 'colgada' en términos de proteger el derecho que no solo implica darle vía libre a las EPS e IPS para que puedan realizar el procedimiento, sino que a mucho más allá.

En palabras de Cindy Caro Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos de Género y Diversidades de la Universidad del Rosario, 'los mitos y prejuicios familiares, sociales hacen que muchas mujeres puedan pensar interrumpir su embarazo, pero no puedan hacerlo porque justamente no tienen compañía de su red de apoyo'.

Para la académica ese el principal obstáculo y el primero que enfrentan las mujeres que pretenden someterse al procedimiento, pero una vez lo superan se encuentran con uno más grande: un sistema de salud que apenas se adapta a la medida refrendada el 21 de febrero de 2022 en la Sentencia C-055.

Y es que a pesar de que las EPS están en la obligación de garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) si así lo decide una paciente, 'puede que tampoco los servicios médicos estén dispuestos a ejercerlo'.

Así ha quedado documentado por el colectivo feminista la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres que presta ayuda a quienes se les ha negado el acceso a la IVE. La organización debe lidiar con casos que lejos de ser un simple trámite de salud que no debe superar los 5 días hábiles han llegado a instancias jurídicas con acciones de tutelas para autorizar un procedimiento con el que solo basta la manifestación de querer acceder a él.

Aunque es de destacar que el número de IVE practicadas luego de la C-055 de 2022 aumentó en un 61 %, según cifras de Profamilia, organización privada sin ánimo de lucro dedicada a la salud reproductiva. En 2021, antes de la despenalización, se practicaron 27.138 abortos y en 2022 -año de la decisión que tuvo efectos inmediatos-, 43.698. De 2023 aún no hay datos.

Los números dan pistas de lo que se ha avanzado en apenas dos años en materia sanitaria pero la pelota también se juega en la arena política, más exactamente en el Congreso al que la Corte Constitucional instó a formular e implementar 'en el menor tiempo posible una política pública integral' para evitar 'amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes', tal como quedó consignado en la sentencia.

Pero para los expertos no ha habido suficiente voluntad política para, siquiera, discutirlo. 'Los políticos prefieren dilatar este tipo de discusiones porque incomodan socialmente. Entonces, yo creo que por eso también llegó hasta la Corte (Constitucional) porque el Congreso no tuvo la valentía para tomar una postura', advierte Cindy Caro.

En el hemiciclo colombiano se han presentado por lo menos 39 proyectos de ley desde 1975 que buscan la regulación de la IVE sin éxito alguno, de ahí que el alto tribunal -entre sus muchos argumentos- haya decido despenalizarlo porque el 'Congreso de la República ha omitido ponderar en la regulación del aborto consentido', expuso Antonio Lizarazo Ocampo en su ponencia a la Sala Plena en 2022.

Ya en 2006 hubo un primer jalón de orejas cuando la entidad judicial regularizó el aborto bajo las tres causales. Llamado de atención que tanto Cámara como Senado han omitido en 17 legislaturas y en 4 renovaciones del Congreso (de 2006 a 2023). Esto, entonces, ha impedido una política que abarque, entre otras cosas, la educación sexual, un pedido de colectivos feministas, académicos y educadores.

'Falta una política seria de educación sexual integral. Se piensa que la educación sexual solo tiene que ver con lo que pasa en la cama y no, tiene que ver con lo que pasa en las relaciones cotidianas frente a la sexualidad, evitar el acoso sexual. Es mucho más amplio y yo creo que en eso estamos pero muy colgados', sostiene Caro Cárdenas.

Y es que a pesar que la Ley General de Educación, la Ley de Convivencia Escolar, la Política de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Convención sobre los Derechos del Niño o el Código de Infancia y Adolescencia -por mencionar algunos- cobijan la educación sexual, en Colombia aún no existe una cátedra que aborde este asunto en las instituciones educativas.

Pero también le atañe al Ejecutivo con su recién creado Ministerio de la Igualdad poner sobre la mesa las discusiones y llevarlo hasta el plano tangible. Para Cindy Caro hay una apuesta del Gobierno nacional con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza de la cartera ministerial pero también advierte que no solo bastan discursos.

'No ha avanzado como debería avanzar en términos de fortalecerse, de tener un equipo de trabajo, pero yo sí creo que ahí hay una apuesta. Me parecería que le faltaría más 'dientes'', señala la académica de la Universidad del Rosario.

Resta ver si en la recién inaugurada legislatura 2024 del Congreso, el aborto es incluido dentro de las discusiones; si una de las banderas por las que se hizo elegir Gustavo Petro ondea con mayor fuerza; si las EPS e IPS dejan de poner trabas a las mujeres que lo deciden y si la educación sexual deja de ser tarea pendiente en las escuelas. Colombia no termina de blindar un derecho tan reclamado.