La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos de prevaricato por acción y asociación para cometer un delito contra la administración pública al alcalde de Puerto Colombia, Steimer Mantilla, y a los 13 concejales del municipio, por presuntas anomalías en la aplicación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).
El ente acusador, a través de Irma Cárdenas, fiscal 43 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, solicitó medida de aseguramiento para Mantilla y los 13 cabildantes, durante la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo ayer y que estuvo presidida por Daniel López, juez Promiscuo de Puerto Colombia.
La audiencia, que se desarrolló en completo hermetismo y a puerta cerrada por decisión del juez López, duró más de cinco horas y estuvo dividida en dos sesiones en la que la Fiscalía expuso sus argumentos y presentó las pruebas para demostrar que existieron irregularidades en la implementación y revisión del PBOT y por la modificación excepcional aprobada mediante Acuerdo en el Concejo Municipal.
Por su parte, el abogado Diego Muñetón Restrepo explicó que la Fiscalía culminó ayer la intervención de la solicitud de medida de aseguramiento, con la formulación de la demostración de la inferencia 'mínima' de autoría y participación de los imputados.
El jurista detalló que la Fiscalía dio traslado a la defensa de los elementos materiales probatorios que tienen en su poder y que recaudaron para la imputación de los delitos antes mencionados.
En se sentido, Muñetón señaló que la defensa solicitó al juez de control de garantías que concediera un plazo 'razonable' dentro de lo dictaminado por la ley para hacer un estudio 'pormenorizado y juicioso que conlleve a un eficiente y excelente ejercicio de la defensa técnica de los honorables concejales, al igual que la del señor alcalde del municipio de Puerto Colombia'.
El jurista detalló que el paso a seguir será la intervención de la defensa, para contrarrestar la teoría de la Fiscalía General de la Nación. 'Posteriormente se dará la intervención del Ministerio Público y, en síntesis, terminar con la decisión del juez de control de garantías', sostuvo el abogado Muñetón, quien precisó que las audiencias se llevarán a cabo el 4 y 5 de junio próximo.
