José Humberto Torres, abogado defensor de Derechos Humanos, denunció la existencia de cuatro hechos que le permiten juzgar que todas las condiciones están dadas para un fraude electoral en la Universidad del Atlántico. Torres, es candidato a ser elegido como representante de los egresados al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico
Según el jurista, establecer una fecha, como la que estableció el Consejo Superior en el calendario electoral, para realizar este 22 octubre la elección de los delegados de los egresados al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico es altamente inconveniente pues el debate electoral en que se encuentra el País ha invisibilizado por completo la contienda electoral de la Universidad, máxime cuando el Comité Electoral de la Universidad nada ha hecho para divulgar, promocionar e informar a la comunidad universitaria sobre el proceso electoral en curso.
Se mostró inconforme con el hecho de que el Comité Electoral de la Universidad solamente estableció como zona de votación le sede norte de la Universidad del Atlántico a sabiendas de las grandes dificultades de movilidad que se presentan en ese lugar de la ciudad por las obras que se adelantan en las Carreras 46, 51B y 53 lo cual hace prácticamente imposible que los egresados que quieran ejercer su derecho al voto puedan hacerlo; por esa razón expresó que requirió al Comité Electoral autorizar por los menos tres zonas electorales: una en Sabanalarga, una en Puerto Colombia y otra en Barranquilla bien sea en Bellas Artes o en la sede 20 de julio de la Universidad Atlántico.
Otro hecho de gran preocupación para el candidato José Humberto Torres lo constituye el que el Comité Electoral solamente haya autorizado cinco testigos electorales por candidato para vigilar las más de cuarenta mesas de votación que se instalaran, cuando lo establecido en la Ley es que cada candidato tiene el derecho a designar un testigo electoral por cada mesa de votación. A ese respecto advirtió. que de ser necesario presentara una acción de cumplimiento para que sea un Juez de la República, el que obligue al Comité Electoral a cumplir la Ley.
