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Alejandro Char, mandatario de los barranquilleros. EL HERALDO
Judicial

Alcalde Char se suma a críticos de la reforma a la justicia

En una carta al presidente del Senado, Ernesto Macías, el mandatario distrital expuso sus argumentos. Fiscal General ya había alertado al jefe del Congreso.

La propuesta incluida en el proyecto de reforma a la justicia que busca reducir los límites de tiempo en la detención preventiva, una norma que de entrar en vigencia dejaría en libertad a 12.120 presos, fue criticada este martes por el alcalde de Barranquilla Alejandro Char.

El mandatario de los barranquilleros lo plasmó en una carta enviada al presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, en la que dijo “compartir” las inquietudes planteadas días a trás públicamente por el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en relación a la propuesta que se debate en el Congreso.

“En mi condición de Alcalde del Distrito de Barranquilla comparto las inquietudes planteadas públicamente por el señor Fiscal General de la Nación, en relación con el artículo incluido en el proyecto de reforma a la justicia”, encabeza Char en la misiva.

Para el mandatario “limitar la detención preventiva a un año sería un duro golpe a la lucha frontal que desde las regiones venimos librando contra la criminalidad…”.  Además “se le estaría enviando a los ciudadanos un mensaje confuso, donde solo se pondera la libertad del procesado y no los derechos de las víctimas, la sociedad y los deberes propios de la administración de justicia, los cuales son los que aportan la cuota de sacrificio cuando la liberación del imputado o acusado está supeditado al mero paso del tiempo y no a la superación de las razones constitucionales que condujeron a que se ordenara su detención preventiva”.

Hoy en día, según Char, “resulta utópico pensar que los procesos penales en Colombia pueden surtir todas sus etapas en un año, ya que como bien lo señala el Fiscal, la media de duración de todos los procesos es de 1 año y 8 meses, guarismo claramente superior al propuesto en la reforma (12 meses). Eso sin considerar el término de duración de la apelación o la casación llegándose al absurdo de que un condenado podría acceder a la libertad mientras se resuelven tales recursos”.

Agregó el mandatario que “por ende consideramos, que para que una propuesta de este tipo pueda ser viable en nuestro país, debe resolverse primero el grave problema de congestión del sistema penal acusatorio donde hay represadas actualmente unas 45.000 audiencias ante los jueces de conocimiento, sin contar las más de 10.000 audiencias represadas ante los jueces de control de garantías”.

Recordó el Alcalde de Barranquilla que “las medidas cautelares en nuestro país son empleadas con el fin de proveer las condiciones necesarias para la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. La prevención que se persigue en este caso está asociada a los riesgos y efectivas vulneraciones que, en el supuesto de no ser aplicadas las respectivas medidas, probablemente se seguirían para derechos fundamentales de terceros o de las víctimas”.

Carta del Fiscal

El pasado 27 de octubre, el jefe del ente investigador expuso su opinión frente a la reforma proyectada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que pide que se imponga un año como límite a la detención preventiva, prorrogable hasta 18 meses, para todos los delitos.

Es decir que la detención preventiva, cuando sea en establecimiento carcelario, no  pueda durar más de un año. “La ineficiencia de la justicia no se puede levantar sobre la libertad de los ciudadanos”, expuso Valencia en su propuesta.

En ese sentido, el fiscal Martínez señaló que ese artículo “afecta la acción del Estado contra el delito (...) pues expone a la ciudadanía a los riesgos de una excarcelación masiva de delincuentes de alta peligrosidad sin precedente alguno”.

El jefe del ente investigador manifestó además que unas “12.120 personas serian objeto de excarcelación inmediata, al entrar en vigencia la reforma, de las cuales 2.739 enfrentan cargos por el delito de homicidio, 2.277 por delitos sexuales y 94 por delitos contra la administración pública, quienes serían liberados con independencia de que los procesados aun constituyan peligro para la sociedad o las víctimas, que puedan alterar las pruebas del proceso o que evadan la acción de la justicia”.

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