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El Editorial | Verdad con pruebas

Admitir la responsabilidad en el magnicidio de Álvaro Gómez exige que ex-Farc presenten pruebas, de lo contrario extenderán un manto de duda sobre su intencionalidad de asumir un hecho de tan extrema gravedad.

Sorprendió el reconocimiento hecho por los líderes del partido Farc sobre su responsabilidad en el magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, un crimen que estremeció al país el 2 de noviembre de 1995, y frente al cual se han tejido todo tipo de teorías conspirativas, cuyas investigaciones judiciales no han ofrecido resultados.

Casi 25 años después, este hecho que sigue en la más absoluta impunidad toma un nuevo e inesperado giro con la confesión de los miembros del antiguo secretariado de las FARC-EP, que en una carta dirigida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anuncian que “aportarán verdad, esclarecerán los hechos ocurridos y asumirán tempranamente responsabilidad”.

Los ocho firmantes de la misiva, entre ellos Rodrigo Londoño y los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, reiteraron su determinación de contar toda la verdad sobre el asesinato del dirigente conservador, al que consideraban “un objetivo militar” y “enemigo de clase”. Un asesinato que admiten fue un error y del que hoy se arrepienten y piden perdón.

Dicen además que no pretenden escudar su responsabilidad en la larga confrontación armada del país o atribuir esta decisión a quienes ya no los acompañan, así que, “sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena”, contarán su versión ante la JEP y la Comisión de la Verdad.

Esta confesión de las Farc sobre el asesinato de Gómez Hurtado, declarado como crimen de lesa humanidad en 2017, generó todo tipo de reacciones en un país sometido a la ignominia de la guerra y la violencia, y en el que la verdad siempre ha sido esquiva para las víctimas por las artimañas de distintos sectores que históricamente se han negado a asumir su responsabilidad en los más atroces crímenes condenándolos a permanecer en la impunidad. 

Las Farc están dispuestas a develar por qué guardaron silencio durante tantos años. Es lo mínimo que deben hacer, pero no lo único. Admitir su responsabilidad en este crimen exige que presenten pruebas, de lo contrario extenderán un manto de duda sobre su intencionalidad de asumir un hecho de tan extrema gravedad y darán espacio a las conjeturas de quienes aseguran que están pagando favores para ‘limpiar’ culpas ajenas.

Al menos tres fiscales generales que investigaron el caso y el director del DAS en 1995, Ramiro Bejarano, advierten que les extrañó la confesión de las Farc porque nunca manejaron la hipótesis de la guerrilla como autora del crimen, ni siquiera de amenazas contra el dirigente.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado duda de esta versión e insiste en que hay al menos 322 pruebas que confirmarían la ocurrencia de un crimen de Estado por el que, según su abogado, Enrique Gómez Martínez, quien es además sobrino del líder político, deben responder Ernesto Samper y Horacio Serpa. También el jurista es contrario a que la JEP asuma el caso ahora que los exjefes de las Farc, comparecientes ante este tribunal, reconocieron responsabilidad. Por eso, pedirá que la Fiscalía mantenga sus competencias.

Ese es el otro gran desafío que el anuncio de las Farc plantea. ¿Cómo abordará la JEP el caso, como un asunto independiente o abrirá un macroproceso para investigarlo con los otros 5 crímenes reconocidos por los excomandantes guerrilleros, como los del profesor Jesús Bejarano y el general Fernando Landazábal?

Es inminente un nuevo choque de trenes entre la justicia ordinaria y la transicional por cuenta de la confesión de las Farc, que llega justo cuando la Fiscalía citó a declarar a la exsenadora Piedad Córdoba, al exalcalde Luis Eduardo Garzón y a seis excapos del narcotráfico extraditados a Estados Unidos, entre ellos los hermanos Rodríguez Orejuela. Probar la responsabilidad de la exguerrilla en el magnicidio del político conservador, como sus exjefes señalan, se convierte en un nuevo reto para la JEP, que ojalá no desate otro escenario de controversia.

La familia de Álvaro Gómez Hurtado, las de todas las víctimas de la Farc, así como las de la extrema derecha, merecen verdad y justicia. En el indeclinable camino hacia la reconciliación, mediante la reconstrucción de la verdad histórica, la sanación interior de estas personas es una tarea a la que nadie debe renunciar.

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