Barranquilla y su área metropolitana atraviesan días de duelo y desconcierto. El repudiable asesinato de Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 17, encontradas en una fosa en Malambo tras su desaparición en carnavales, es una tragedia espantosa que desgarra el alma y obliga a mirar de frente una realidad incómoda sobre la vulnera bilidad de niños, niñas y adolescentes. El testimonio de su madre, Maricruz Noriega, al señalar que soporta un “sufrimiento grande” que la acompañará por el resto de su vida no es solo la voz de una familia rota de dolor, también debe entenderse como el eco de un fracaso colectivo: el de una sociedad que continúa sin ser capaz de proteger a sus menores.

Por el momento, las investigaciones apuntan a que las hermanas habrían sido contactadas por redes sociales y vinculadas a entornos donde orbitan estructuras criminales como Los Costeños y otros actores armados ilegales, algunos de ellos también menores de edad, comprometidos con el doble crimen. Este se habría perpetrado como retaliación por una “supuesta entrega” que las víctimas harían de uno de estos sujetos, integrante de una disidencia guerrillera. Una interpretación, a todas luces, errónea de mensajes, que detonó el primer asesinato, al que le siguió el secuestro extorsivo de la segunda joven, por quien exigían dinero a su familia.

Si se confirma la hipótesis, el lamentable caso no podría ser visto como un hecho aislado ni fortuito, sino como la expresión más perversa de un alarmante fenómeno social, en el que los más jóvenes —por decisión personal, seducidos por la traicionera cultura de lo fácil e ilícito— naturalizaron la violencia, banalizaron la comisión de delitos y acabaron insertados en aterradores circuitos delictivos orquestados por organizaciones armadas ilegales que operan sin escrúpulos. Son las piezas prescindibles de elaborados engranajes que los captan e instrumentalizan para asesinar, extorsionar o atracar, a edades cada vez más tempranas.

En paralelo, la reciente localización en Barú de otras dos menores, María de los Ángeles y Emily, de 13 y 14 años, respectivamente, reportadas como desaparecidas desde el pasado fin de semana, confirma que el problema no es unívoco. Afortunadamente, allí no hubo desenlace fatal, pero sí preocupantes señales de alarma. Dos adolescentes que toman decisiones de alto riesgo para su seguridad personal, contactos digitales que sustituyen la supervisión adulta y una brecha grande entre la autoridad parental y la autonomía precoz.

Es simplista e intrusivo con las familias de las víctimas reducir todo a una falta de control en sus hogares. También sería irresponsable ignorar el contexto de inversión de valores que subyace en el fondo. Vivimos una época en la que el dinero fácil, la ostentación y la lógica del atajo compiten con la cultura del esfuerzo. Las redes sociales amplifican espejismos y desdibujan fronteras entre lo privado y lo público en una sobreexposición digital sin filtros.

No es de extrañar que, en ocasiones, los vínculos en el interior de las familias se debiliten, hasta el punto de romperse, lo que deriva en un vacío de referentes de autoridad, responsabilidad o confianza. De ahí a que se produzcan decisiones impulsivas con riesgo real de desencadenar escenarios irreversibles existe tan solo un pequeño paso. Y, como se comprueba, a diario, un buen número de menores lo suele dar con pasmosa facilidad, sin detenerse a pensar en las consecuencias de sus actos, trivializando los peligros que corren. En particular, en territorios donde el crimen organizado impone sus códigos, la delgada línea entre una fiesta y una trampa es invisible para quienes apenas están comenzando a vivir.

Ahora que sobreabundan, en las implacables redes, los juicios de valor sobre el desempeño de las familias de las menores, la respuesta debe ser consecuente con el reto que los casos dejaron al descubierto. El asesinato de las hermanas no puede quedar como un titular más. Inicialmente, se exigió la captura —indispensable y urgente— de los autores. Pues, dos de ellos ya están en poder de la Policía y van por más. A renglón seguido, hará falta redoblar el abordaje institucional, como trabajo a largo plazo, enfocado en prevención en entornos escolares, educación digital crítica, intervención social en barrios vulnerables, mientras se insiste en que estos sectores no pueden ser cedidos a los delincuentes. Es devastador constatar cómo consiguen, con tanta sencillez, mano de obra criminal y cada día más barata.

Este tramacazo a la conciencia colectiva de Barranquilla y del resto del país se convierte en un llamado urgente a reconstruir referentes, a rescatar valores y a reafirmar que la vida de los menores tiene límites infranqueables. Cuando la sociedad, integrada por familias, como las de las víctimas, como las nuestras, tolera que las violencias, la permisividad, la mínima exigencia y la ausencia de reglas o normas, cuando no la desobediencia pura y dura, sean los únicos derroteros que orienten el rumbo de los niños, niñas y adolescentes el daño trasciende esos hogares. Lo que al final acaba por destrozar el tejido moral que nos sostiene.

Si como un todo no reaccionamos con absoluta firmeza —desde la justicia, la prevención y la reafirmación de principios de autoridad y modelos formativos responsables— estaremos enviando el mensaje erróneo a quienes hoy crecen en medio de semejante incertidumbre. Nadie debe darse el lujo de renunciar a proteger, porque otros llenarán el vacío que quede.