La pugna por la elección del nuevo rector (a) de la Universidad del Atlántico ha roto el clima de armonía social que había alcanzado durante los últimos años. Aunque quien hoy ocupa el cargo, el contador Danilo Hernández, quien arrancó su período en octubre de 2021 tras ser designado por el Consejo Superior aún no confirma su intención de optar por un nuevo mandato, el trámite y aprobación en primer debate de la reforma estatutaria que permitiría su reelección inmediata ha despertado muchas suspicacias sobre lo que estaría por venir.

Ese enrarecido ambiente que no escapa a la polarización política, recrudecida en las universidades públicas del país, ha generado confrontaciones cada vez más preocupantes. No solo en términos jurídicos por las denuncias penales y disciplinarias presentadas contra los miembros del Consejo Superior, recusados por supuestos conflictos de intereses, o por las acciones legales que evalúan interponer los directivos de la universidad. También por los choques violentos entre sectores de la comunidad educativa, dentro y fuera de la sede.

Desafortunadamente la disputa de poder entre quienes defienden la reelección del rector y quienes se oponen radicalmente a ella ha alterado los ánimos en el interior del centro académico, donde la tensión está a la orden del día. Las denuncias de actos de corrupción o acusaciones de nexos con organizaciones criminales formuladas por estudiantes contra Hernández erosionan su buen nombre, de eso no cabe duda, pero sobre todo le hacen un enorme daño a la universidad. Quienes las han hecho públicas tienen ahora la obligación de soportarlas con pruebas ante los entes de control para que se inicien las investigaciones. De lo contrario, sus señalamientos se reducirán a una bien calculada estrategia de difamación.

Urge que se aclare, y cuanto antes mejor, el alcance de la delicada incriminación sobre el secuestro de la autonomía universitaria por bandas mafiosas o paramilitares. En ningún caso pueden quedar como palabras al viento lanzadas en un momento de calentura por líderes con una clara intencionalidad política. Esa irresponsable referencia, sin evidencia alguna, revictimiza a los miembros de la comunidad educativa que resultaron víctimas de la violencia paramilitar que se ensañó –entre 1998 y 2010– contra la universidad, reconocida como sujeto de reparación colectiva en 2015 por la vulneración del derecho a la autonomía.

Esta facultad de gobierno y de toma de decisiones, no obstante con límites, garantizada por la carta magna, es sagrada. No deja de ser contradictorio o paradójico que quienes antes la defendían a capa y espada, ahora le reclamen al presidente Petro la intervención de la universidad bajo el argumento de corrupción en su interior. Si así se demuestra, que los organismos responsables procedan. Sin embargo, lo que a simple vista se percibe es la instrumentalización política de algunos miembros de la comunidad educativa. No todo vale.

La Universidad del Atlántico no puede ser trinchera política de ningún sector. Ni de la izquierda ni de la derecha. Faltaría más. Sus derroteros son otros: trabajar por más y mejor calidad, cobertura, acceso, financiación, investigación, innovación digital e infraestructura. La lista es extensa, por eso resulta un desatino perder el rumbo en luchas fratricidas cuando lo que se requiere es estabilidad, unidad y responsabilidad frente a sus muchos desafíos por delante. Preservar la autonomía universitaria debe ser causa común ante la injerencia de quienes pretenden con acusaciones temerarias vulnerar la independencia académica y la libertad de pensamiento. De manera que es mucho lo que se arriesga con una intervención.

En cualquier caso haría bien el rector Hernández en precisar cuáles son sus intenciones. ¿Reelegirse? Cierto que durante su periodo la universidad ha logrado avances importantes, el más significativo la continuidad de sus procesos, si se compara con la intermitencia previa a 2021, cuando la falta de un Estatuto General actualizado facilitaba todo tipo de situaciones.

Consensuarlo tomó años. ¿Por qué se le quiere hacer un esguince ahora? ¿Para permitir la reelección del rector? Sospechoso, por decir lo menos. Se necesitan certezas y hoy no se tienen. Quienes votan en el Consejo Superior deben actuar con sensatez, transparencia y coherencia, porque la Universidad del Atlántico, con sus más de 23 mil estudiantes de todo el Caribe colombiano, no merece ser otra vez el escenario de mezquinas disputas políticas.