El panorama económico nacional atraviesa un momento de alta tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades monetarias. Durante el Consejo de Ministros celebrado este 21 de abril, el presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa: el salario mínimo podría experimentar nuevos aumentos si la Junta Directiva del Banco de la República persiste en elevar las tasas de interés.
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Esta declaración se da en medio de las diferentes discrepancias que se han presentado entre el Ejecutivo y el Banco de la República sobre el manejo de la inflación, luego de que el mandatario hubiese cuestionado en varias ocasiones la eficacia de las políticas monetarias actuales.
Ahora bien, la estrategia del presidente Petro se fundamenta en la protección del poder adquisitivo bajo el concepto constitucional de “salario vital y móvil”. Ante la posibilidad de que el Banco de la República continúe con una política restrictiva, el mandatario señaló que el Ejecutivo está preparado para responder con ajustes en los ingresos de los trabajadores.
‘Si suben más la tasa de interés, aumenta el salario mínimo’
Al respecto, el jefe de Estado fue enfático en su instrucción al equipo de Gobierno: “Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos; es más, Germán, alístese, porque la Constitución habla de salario vital y móvil, ¿cierto? Si la Junta sigue en esa tontería, ¿en qué va?, pues subimos otra vez el salario. Nos van a decir que no podemos crear un ciclo inflacionario”, expresó Gustavo Petro.
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Además, el presidente desestimó que los aumentos salariales sean el motor de la inflación actual, señalando factores externos y comportamientos específicos en el mercado de energía.
“No, el salario vital no está creando la inflación. Ya sabemos que el crecimiento pequeño, marginal, de la inflación en el mes de marzo se debe a la especulación de Enel, que se compra a sí mismo subiendo nueve por ciento la generación eléctrica”, aseguró el mandatario.
La pugna institucional por el control de la inflación y las tasas de interés
La relación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República ha registrado fricciones evidentes en los últimos meses.
El pasado 31 de marzo, el ministro Ricardo Ávila abandonó la reunión de la Junta Directiva tras el anuncio de un incremento de 100 puntos básicos en las tasas de interés, situándolas en un 11,25 %. Esta decisión, tomada para frenar las presiones inflacionarias, contó con cuatro votos a favor, mientras que la minoría de la Junta abogaba por reducciones o estabilidad.
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Por su parte, el presidente Petro ha dicho que vislumbra un cambio en el equilibrio de poderes dentro del emisor: “Apenas pierda la mayoría el uribismo en la Junta de Directivos del Banco de la República, se acabó. Entonces, en ese tiempo debemos proteger la economía nacional”, afirmó.
Consejo de Estado exige sustento técnico para el salario de 2026
En el ámbito judicial, la política salarial del Gobierno enfrenta obstáculos significativos. El Consejo de Estado, bajo la ponencia del magistrado Juan Camilo Morales, decidió suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual establecía un incremento del 23,7 % para el año 2026. El alto tribunal argumentó que dicha medida carecía de indicadores económicos objetivos que la sustentaran.
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Como respuesta a esta suspensión, el Gobierno expidió el Decreto 159 de febrero de 2026, fijando de manera transitoria el salario mínimo en $1.750.905. Esta cifra se basa en los criterios de productividad, crecimiento del PIB y metas de inflación exigidos por el tribunal.
A pesar del revés judicial con el decreto inicial, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que las actuaciones del Gobierno se mantienen dentro del marco legal vigente. Sanguino aclaró que la vigencia del decreto transitorio de febrero no se ve afectada por la reciente confirmación de la suspensión del decreto original.
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“En este Gobierno se cumple la ley, se respeta la Constitución y se protegen los derechos de las y los trabajadores”, declaró el ministro Sanguino, reafirmando el compromiso del Ejecutivo de ajustar sus decisiones a las competencias constitucionales mientras se resuelve el fondo de las demandas judiciales.
