Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), habló con EL HERALDO sobre diferentes temas de la economía colombiana, entre los que se destaca el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 2,6 % para 2025, el reto en esta materia para 2026 en tiempos electorales, el desarrollo del Pacto por el Crédito, y el comportamiento de la inflación con las decisiones de política monetaria, más exactamente en la tasa de interés, que ha tomado la junta directiva del Banco de la República.
Sin embargo, hay un punto clave que tocó el dirigente gremial para este gremio, y es el planteamiento que ha hecho el presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero para financiar parte de la emergencia económica.
Con los resultados del PIB de 2025, en el que la economía colombiana creció 2,6 %, por debajo de lo esperado, ¿cómo cree que pinte el panorama para 2026?
El PIB en 2025 cerró con un crecimiento de 2,6%, similar a la proyección de Asobancaria de 2,7%. Más allá de que la cifra resultara ligeramente inferior a la expectativa del consenso, el dato revela una señal clara: una creciente dependencia del consumo como motor de la actividad.
El consumo total creció por encima del 4%, impulsado en buena medida por un gasto del Gobierno que aumentó 7,1%, mientras la inversión permaneció rezagada con un crecimiento de apenas 1,3%. Colombia está creciendo sobre una base frágil y poco sostenible en el tiempo, con una tasa de inversión históricamente baja de 16% del PIB.
Es probable que este año muestre una fotografía similar, con un crecimiento nuevamente jalonado por el consumo y una inversión estancada. Desde Asobancaria esperamos un crecimiento ligeramente superior, cercano al 2,8% al cierre del año.
Desde su perspectiva, ¿en qué se debe trabajar para impulsar sectores económicos que hoy en día están decreciendo o al menos no creciendo de la forma que históricamente lo han venido haciendo como es el caso de la construcción, minería e industria?
Si se analizan las cifras de cierre de año, los sectores que muestran los mayores rezagos son minería y construcción. No se trata de un deterioro puntual del último año, sino de una dinámica negativa que se viene acumulando desde hace varios años.
En minería, los diagnósticos son conocidos: una carga tributaria que ha restado competitividad, la caída de los precios internacionales de referencia para los productos que exporta Colombia y un entorno crecientemente adverso, marcado por el freno a la exploración de hidrocarburos y la inestabilidad en las reglas de juego.
En el caso de la construcción y la vivienda, la preocupación es igualmente evidente tras el desmonte de Mi Casa Ya, los incrementos en los costos de insumos y mano de obra y, más recientemente, los desafíos asociados a la indexación del precio de la vivienda social.
Las propuestas son claras: permitir que el sector minero opere con reglas de juego transparentes y sensatas y relanzar en el sector edificador los esquemas de subsidio de demanda que ya han probado ser efectivos para reactivar la inversión y el crecimiento económico.
¿Se está haciendo un buen trabajo al incrementar la tasa de interés?
La dinámica reciente de la tasa de intervención del Banco de la República responde a un contexto que pocos anticipaban al cierre del año pasado.
En los últimos meses de 2025 ya se evidenciaba un estancamiento en la trayectoria descendente de la inflación y el punto de quiebre vino con el anuncio de un incremento del salario mínimo del 23,7%. La evidencia técnica es clara en que esta decisión no es adecuada y tiene efectos directos sobre el costo de vida de todos los colombianos.
Desde la Asociación estimamos que su impacto inflacionario es de 2,3 puntos porcentuales, lo que nos llevó a ajustar nuestra proyección de inflación a 6,7% para el cierre de este año. Si bien las cifras varían entre analistas, existe consenso en que se trata de una decisión con efectos reales y tangibles sobre la economía.
En este contexto, la reacción del Banco de la República era previsible y fue la correcta. El aumento de 100 puntos básicos en enero evidencia que el Banco está actuando en línea con su mandato constitucional, conteniendo las presiones inflacionarias.
¿Qué posición tiene sobre las inversiones forzosas?
Las inversiones forzosas no son una buena idea ni el camino para ampliar el crédito. Son un instrumento que suena bien en el discurso, pero que -en la práctica- reduce los recursos disponibles para entregar créditos, aumenta la represión financiera y encarece los desembolsos a los sectores no priorizados por el Gobierno. Es decir, afecta a toda la economía.
Los bancos administramos el ahorro de 37 millones de colombianos, que hoy bordea $791 billones. Esa es nuestra primera responsabilidad: salvaguardarlo. Cualquier medida que comprometa esos recursos merece un debate técnico serio y no uno proveniente de decisiones de emergencia.
Si se adopta un esquema de $35 billones anuales como el actual, nuestros cálculos muestran tres efectos: primero, un aumento en las tasas de interés de los créditos entre 50 - 100 puntos básicos. Segundo, una caída en el crecimiento de la cartera de casi un punto porcentual. Y tercero, una reducción del crecimiento económico de 0,3 puntos.
En términos simples, el crédito sería más costoso y menos abundante para todos. No solo para los sectores no priorizados, sino para las familias que necesitan crédito de vivienda, para las pymes, para los jóvenes que quieren emprender.
¿Cómo han sido los resultados del Pacto por el Crédito?
El Pacto por el Crédito se consolidó como uno de los ejercicios de articulación público-privada más efectivos de los últimos cuatro años: en 17 de los 18 meses pactados, la banca ha desembolsado $228 billones, alcanzando un cumplimiento de más del 90 % de la meta acordada, incluso en un entorno económico retador y aun faltando un mes para culminar el plazo previsto.
En los cinco sectores priorizados, los desembolsos crecieron 16% anual, por encima del 12% del resto de sectores, evidenciando una orientación clara hacia los sectores estratégicos: las manufacturas han recibido $135,4 billones, vivienda e infraestructura $48,1 billones, el sector agropecuario $26,4 billones, la economía popular $10,4 billones y el turismo $7,6 billones.
Además, el 66 % de los créditos del Pacto se ha dirigido a las MiPymes, reafirmando el compromiso de la banca con el crédito productivo, el pequeño empresario, el empleo y el crecimiento económico del país.
¿Qué mensaje le daría al próximo Gobierno en materia económica?
Desde el punto de vista macroeconómico, la tarea más urgente es volver a poner la casa en orden. A la espera de la presentación del Plan Financiero por parte del Gobierno Nacional, todo indica que el déficit fiscal del año pasado habría cerrado entre 6,7% y 7,2% del PIB.
El nivel reciente de déficit, exacerbado por la equivocada decisión de suspender la regla fiscal, solo es comparable con los peores momentos de la pandemia y ha derivado en un deterioro preocupante de los indicadores de endeudamiento externo.
Restablecer la credibilidad y retomar una senda fiscal sostenible y responsable debe ser la prioridad.
