Fitch Ratings advirtió recientemente que el aumento del salario mínimo en Colombia, anunciado por el Gobierno para este 2026, tendrá un costo fiscal estimado de 7 billones de pesos y podría generar presiones sobre la inflación, la política monetaria y el crecimiento económico del país.
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La agencia calificadora señaló que el incremento del ingreso mínimo, que elevará el salario base mensual con subsidio de transporte a 2 millones de pesos y beneficiará a cerca de 2,5 millones de trabajadores, representa un desafío adicional para las finanzas públicas en un contexto de déficit y deuda creciente.
Costo fiscal y efectos en la economía
Fitch explicó que el aumento del salario mínimo tendrá un impacto directo equivalente al 0,35 % del PIB, sin incluir efectos indirectos como el mayor costo de endeudamiento del Estado, el impacto en pensiones indexadas ni la generación de empleo formal.
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Según la calificadora, “el aumento del salario mínimo añadirá desafíos fiscales y de inflación, y provocará incrementos en la tasa de política que podrían afectar el crecimiento”.
El organismo advirtió que este tipo de medidas puede intensificar las presiones tanto del lado de la demanda como de la oferta, al aumentar el consumo y los costos de producción.
Inflación y política monetaria bajo presión
La agencia recordó que la inflación se ubicó en 5,3 % en noviembre y se ha mantenido por encima de la meta del Banco de la República desde 2021.
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En ese contexto, Fitch señaló que “el aumento del salario mínimo amplificará las presiones de demanda y oferta al incrementar los ingresos de individuos con mayor propensión a consumir, así como los costos de producción de las empresas”.
La calificadora agregó que este escenario podría desanclar las expectativas inflacionarias y acelerar el aumento de las tasas de interés, que los mercados proyectan por encima del 11 % para 2026.
Déficit fiscal y medidas del Gobierno
Fitch destacó que el Gobierno colombiano ha adoptado medidas fiscales adicionales por decreto por un total de 11 billones de pesos, las cuales solo cubrirían parcialmente un déficit de financiamiento estimado en 16 billones de pesos.
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Para la agencia, estas decisiones evidencian “la disposición a implementar medidas de ingresos, pero subrayan los desafíos de gobernabilidad que han dificultado el ajuste fiscal”.
En paralelo, el Gobierno prepara una declaratoria de emergencia económica para atender las inundaciones en Córdoba, con un costo estimado de 8 billones de pesos, financiado mediante un impuesto al patrimonio de personas jurídicas.
Deuda pública y panorama político
Fitch recordó que los déficits fiscales persistentes fueron determinantes para la degradación de la calificación de Colombia a BB/Estable en diciembre pasado.
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La agencia proyecta que la deuda del gobierno general alcanzará el 62,8 % del PIB en 2027, por encima del promedio de países con calificación similar.
Además, advirtió que las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 influirán en la estrategia fiscal futura, mientras que una eventual reforma tributaria tendría un impacto limitado en los ingresos.
Factores externos y riesgos adicionales
Finalmente, la calificadora también mencionó riesgos externos, como tensiones geopolíticas y posibles caídas en los precios del petróleo, que podrían aumentar la incertidumbre sobre el crecimiento económico y la estabilidad fiscal del país.


