En medio de la conmemoración de los 500 años de Santa Marta, el presidente Gustavo Petro aprovechó un evento en la histórica Quinta de San Pedro Alejandrino para lanzar una advertencia al Congreso: si la ley de financiamiento que presentará su Gobierno no es aprobada en su totalidad, habrá recortes en el gasto público.
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La declaración no fue hecha de forma verbal durante el acto, pero sí quedó consignada en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, radicado el mismo día en el Congreso por el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
En las últimas páginas del documento, el mandatario dejó un mensaje directo: “En caso de que la ley de financiamiento no sea aprobada o sea aprobada de forma parcial (…) el Gobierno Nacional realizará las suspensiones de gasto a las que haya lugar”.
Un par de horas después, Petro reforzó su postura desde su cuenta de X, donde respondió a la senadora María Fernanda Cabal, quien había anticipado que el Legislativo negaría el presupuesto: “Entonces toda transferencia a sectores del gran capital se recortará. Lo que no se recortará es el dinero que va a la Justicia social, la educación y la salud”, escribió el mandatario.
El presupuesto radicado asciende a 556,9 billones de pesos y está condicionado a que el Congreso apruebe la nueva ley de financiamiento, que se espera sea presentada formalmente en agosto. Esta reforma tributaria busca recaudar 26,3 billones de pesos adicionales para cubrir los gastos proyectados.
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El ministro Ávila explicó que el monto propuesto es consistente con la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que permite flexibilizar temporalmente los límites de gasto público. Desde el Ministerio de Hacienda han señalado que la aprobación de la ley de financiamiento es esencial para garantizar la estabilidad económica y evitar un ajuste fiscal que frene el crecimiento.
Del total presupuestado, $365,8 billones se destinarían a funcionamiento, $102,5 billones al servicio de la deuda y $88,8 billones a inversión.
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El trámite legislativo ya comenzó y deberá seguir un cronograma estricto: el monto debe estar aprobado antes del 15 de septiembre, el primer debate en comisiones conjuntas podrá realizarse hasta el 25 del mismo mes, y el análisis en plenarias deberá arrancar el 1 de octubre. El segundo debate tendrá como fecha límite la medianoche del 20 de octubre.
No es la primera vez que este Gobierno aplica recortes. En lo corrido del año, instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya vieron reducidas sus partidas presupuestales ante la falta de liquidez del Ejecutivo.
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Con esta advertencia, el presidente Petro marca el tono de la negociación que se avecina con el Congreso: un pulso político que definirá el margen de maniobra del Gobierno para 2026.
