A propósito de la reforma laboral, aprobada por el Congreso, además del ‘Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas’, celebrado el pasado 27 de junio, varios gremios y expertos coindicen en que el proyecto introduce obligaciones y sobrecostos que impactan y generan dificultades a las mipymes.
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Para dar contexto a la importancia y relevancia de las micro, pequeñas y medianas empresas para el país, hay que recordar que en Colombia que el 99,5 por ciento de su tejido empresarial está compuesto por las llamadas mipymes. Esto equivale a cerca de 1,7 millones de unidades, es decir, 1,5 millones corresponden a microempresas, 103.000 a pequeñas y 27.000 a las medianas
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, existen alrededor de 1,56 millones de empresas formales activas, de las cuales el 94,2 por ciento es micro, el 4,2 pequeñas, el 1 por ciento es medianas y apenas el 0,36 equivalen a las grandes.
Otro dato importante es que, de acuerdo a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y de Anif – Centro de Estudios Económicos, las mipymes alcanzan a generar cerca del 80 por ciento del empleo en el país, dando trabajo a entre 16 y 17 millones de personas.
Así las cosas, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, habla de las mipymes como un mecanismo de generación de autoempleo y de emplo para círculos familiares y de amigos, pero también como el corazón del aparato productivo colombiano.
“Son fundamentales para la cohesión social, el desarrollo regional y la inclusión económica, ya que están presentes en todos los rincones del territorio, dinamizando la economía local, promoviendo el emprendimiento y facilitando el acceso al trabajo formal para millones de colombianos. Su papel es estratégico no solo desde el punto de vista económico, sino también como pilar del tejido social”, señala el directivo.
Por su parte, Juan Camilo Perafán, gerente general de Arquib Experts, coincide en que estas empresas son el alma del tejido empresarial del país, pues están presentes en cada rincón de Colombia, desde el pequeño taller familiar en un barrio popular hasta la tienda rural que sostiene a toda una comunidad, lo que las convierte en la principal fuente de sustento para millones de familias.
Para los gremios, a los desafíos que suponen su supervivencia, a estas empresas se le suman lo incluido en la reforma laboral, que supondría dificultades importantes para las mismas.
Para el presidente de Acopi, la reforma laboral aprobada en el Congreso introduce un conjunto de obligaciones y sobrecostos que impactan de manera desproporcionada a las mipymes, especialmente en lo relacionado con recargos nocturnos, dominicales, estabilidad laboral reforzada y nuevas reglas sobre contratación y terminación de vínculos.
“Mientras las grandes empresas cuentan con estructuras financieras y jurídicas para absorber estos cambios, las micro y pequeñas empresas tienen márgenes limitados y poca capacidad de adaptación. Muchas operan al filo de la rentabilidad. La consecuencia directa será una reducción de la contratación formal, cierre de unidades productivas, y un aumento en la informalidad, que es precisamente lo contrario al objetivo que se busca con esta reforma”, explica Rodolfo Correa.
En ese sentido, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, recuerda que la reforma laboral aprobó medidas como el aumento escalonado del recargo dominical, el inicio de la jornada nocturna desde las 7:00 p.m. (estaba desde las 9:00 p.m.), el reconocimiento del contrato de aprendizaje del Sena como una relación laboral y mayores restricciones a los contratos a término fijo y por obra.
Para él, si bien estas disposiciones buscan mejorar las condiciones de los trabajadores, también podrían generar dificultades importantes para las empresas al momento de contratar o mantener el empleo existente, especialmente en el caso de las microempresas, que son las más sensibles a los cambios en los costos laborales.
“Teniendo como referente cifras de Fedesarrollo, estas modificaciones podrían aumentar hasta en un 6,4 por ciento los costos salariales de una microempresa. Para un micronegocio con cinco trabajadores que devengan el salario mínimo, esto representa un incremento de aproximadamente $455.000 mensuales, una carga que podría significar la diferencia entre continuar operando normalmente o verse obligado a reducir el personal. Además, sectores con alta actividad nocturna, como call centers, vigilancia privada, restaurantes y bares, serían particularmente impactados por la ampliación de la jornada nocturna, comprometiendo sus operaciones y generación de empleos”, indica Malagón.
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Y concuerda en agregar que una medida legislativa loable podría traducirse en una mayor informalidad laboral en el país, lo cual lo lleva a hacer un llamado a la adecuada implementación de dicha reforma. Y cita que según los últimos datos del Dane, el 85 por ciento de los trabajadores en micronegocios son informales, lo que equivale a cerca de 12,7 millones de personas sin acceso a seguridad social ni condiciones laborales estables, una situación que representa un enorme desafío para mejorar la calidad del empleo.
Cómo apoyar a estas empresas
Frente a la alta informalidad que se registra en estos segmentos y sobre lo que se debería hacer para apoyar a las mipymes para que se puedan formalizar, Perafán sostiene que aunque Colombia ha avanzado en su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento de estas empresas, aún persisten brechas significativas en materia de formalización y estabilidad que limitan su permanencia en el mercado en el mediano y largo plazo.
“Por eso es fundamental que se prioricen acciones que incentiven la transición hacia la formalidad como establecer regímenes tributarios progresivos, con impuestos acordes al tamaño y etapa de las empresas; facilitar el acceso al crédito formal, mediante microcréditos con tasas razonables, garantías públicas y requisitos flexibles; continuar capacitando a los emprendedores en temas financieros, contables, legales y tecnológicos; y fomentar el uso de herramientas digitales para pagos, manejo de la contabilidad y ventas. Estas medidas no solo profesionalizan la operación, sino que también permiten tener una visión más clara del estado del negocio y tomar decisiones ágiles en función de las dinámicas del mercado”, subraya el gerente general de Arquib Experts.
De igual forma, para Rodolfo Corra, la formalización no puede ser una imposición, sino un proceso incentivado, progresivo y acompañado por el Estado. Agrega que se requiere en el país un entorno normativo más sencillo, beneficios fiscales diferenciados, acceso real al crédito productivo y una política pública que entienda las particularidades del emprendimiento popular.
“Programas como ‘formalicémonos’ deben ir más allá de la pedagogía: necesitan recursos, acompañamiento técnico y desmonte gradual de barreras regulatorias. La formalización debe verse como una ruta de crecimiento, no como una carga sancionatoria, lo cual implica repensar el estatuto tributario, los costos laborales y los trámites que hoy desincentivan la legalidad”, recalca el presidente de Acopi.
Sobre este tema, el presidente de Asobancaria manifiesta que el sector financiero continúa siendo un aliado estratégico de las mipymes y que hoy cuentan con una financiación cercana a los $79 billones, equivalentes al 11 por ciento del total de la cartera del sistema financiero. Esta cifra, según resalta, refleja el compromiso del sector con el fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de empleo en Colombia.
“Adicionalmente, durante 2025 se han desembolsado $61 billones a las mipymes, lo que representa el 33 por ciento de los desembolsos realizados al sector productivo. De ese total, $34 billones han sido destinados específicamente a micro y pequeñas empresas, que son uno de los principales motores de generación de empleo en el país. Además, en el marco del Pacto por el Crédito, se han desembolsado $2,7 billones al sector de la economía popular, impulsando a las empresas que forman la base de la pirámide productiva”, puntualiza Jonathan Malagón.
