El mercado de pañales desechables para bebé, que mueve anualmente medio billón de pesos en ventas, quedó en la mira de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) luego de que la entidad abriera pliego de cargos a cinco compañías por su presunta participación en acuerdos empresariales para 'aumentar artificialmente' los precios, fijar su calidad y su forma de comercialización.
Tras una investigación adelantada por la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, fueron formulados pliego de cargos contra Tecnosur S.A.S.; Tecnoquímicas S.A.; Colombiana Kimberly Colpapel S.A.; Productos Familia S.A. y Drypers Andina S.A.
La SIC también abrió pliego de cargos a 44 personas naturales que, en el pasado o en la actualidad, han hecho parte de estas empresas en cargos como gerentes, representantes legales y otros, quienes participaron en la creación, ejecución e implementación del denominado 'cartel empresarial'.
De acuerdo con la SIC esta práctica, que atenta contra la libre competencia porque 'aumentan injustificadamente los precios que los consumidores pagan', se venía presentando desde el año 2000 hasta el 2013.
En la investigación abierta desde noviembre de 2013, la SIC inspeccionó las empresas involucradas.
En desarrollo de este proceso se suscribieron dos acuerdos de 'colaboración por delación', con empresas que aportaron pruebas de las irregularidades con nombres de contactos y correos electrónicos. Una de ella recibirá exoneración total de las posibles sanciones y otra la exoneración parcial, en virtud de la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2896 de 2010.
Entre las pruebas aportadas hay más de 700 correos electrónicos, unas 30 declaraciones y testimonios, además hay pruebas sobre reuniones en el extranjero y en Colombia, 'en las que acordaban las condiciones de implementación del cartel', dijo Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio.
Uno de los correos revelados cita: 'De verdad necesitamos que TODOS (sic) nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos más manejar por el cliente'.
Robledo aseguró que la gravedad de este caso radica en que toca a sector sensible y de consumo masivo como el de los pañales de bebé.
Las sanciones que pueden enfrentar las compañías pueden ser de hasta $61.600 millones por cada infracción y las personas naturales de hasta $1.232 millones.
