Aprovechamiento de información privilegiada, trámites arbitrarios, aprobaciones con inusitada celeridad y violación de normas de protección ambiental, forman parte de la llamada catástrofe del sector minero colombiano, entre 2004 y mediados de 2010.
Un documento conocido por EL HERALDO, sobre las denunciadas que hizo el ministro de Minas, Carlos Rodado, indica que personas que están o estuvieron vinculadas a la autoridad minera, usaron, indebidamente, informaciones catastrales para gestionar la adjudicación de pequeñas áreas en zonas de explotación, en especial de oro y carbón, con el fin de forzar a los inversionistas de grandes proyectos que allí operan a comprar esos terrenos a precios exorbitantes.
No de otra manera se entiende que en Santander hayan adjudicado un título para minería en un terreno donde no cabe una persona: 31 centímetros de ancho por 835 metros de largo. Un caso más que absurdo.
Desconociendo principios de transparencia y equidad, las solicitudes que llegaban a Ingeominas no eran tramitadas según el orden de radicación, con lo cual se evidencia un claro favorecimiento para algunos interesados en títulos.
De las 6.832 solicitudes radicadas en 2010, fueron resueltas 206 en el primer semestre de ese año pese a que existían 12.333 presentadas en vigencias anteriores. 'Ese trámite arbitrario ha sido suspendido y se ordenó resolver los casos de acuerdo al orden cronológico', dijo el Minminas.
TESTAFERRATOS. La falta de control era tal que una persona llegó a presentar 274 solicitudes de títulos y estaba vinculada a 230 más junto a otro interesado. Llama la atención de que los trámites de este personaje surtían efecto rápidamente y en solo un día podía recibir el título e inscribirlo en el Registro Minero Nacional, cuando a otros beneficiados ese proceso le demoraba hasta tres años.
En las violaciones del Código de Minas no se respetó que este excluye de las zonas de explotación los parques naturales y páramos. Hoy en esas áreas de reserva existen 37 títulos en grandes extensiones.
Rodado dijo que dio instrucciones al director de Ingeominas, Óscar Paredes Zapata, para que retire y desaloje las actividades mineras de las zonas protegidas.
Por las irregularidades descubiertas hay 25 investigaciones, y tanto el Gobierno Nacional como las Fuerzas Armadas tienen la certeza de que esta cadena de actos ilegales está relacionada con negocios en los que empleados del sector minero favorecieron, inclusive, a grupos guerrilleros y a las bacrim, a través de testaferros.
Por José Granados Fernández
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