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Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba (QEPD).
Archivo
Córdoba

Familia de Jairo Zapa reclama avances en el proceso

Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó al Estado informes sobre el desarrollo de la investigación. 

Para las víctimas es muy poco lo que se ha avanzado en los seis años que lleva la investigación por la muerte y desaparición forzada de Jairo Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba.

Precisamente por la demora del proceso judicial, el Comité Contra la Desaparición Forzada, de la Organización de Naciones Unidas, ONU, solicitó al Estado colombiano informes sobre el avance en las investigaciones que se siguen en torno a la muerte del exfuncionario de la Gobernación de Córdoba, ocurrida en el año 2014, durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons Muskus.

El abogado Juan Felipe Amaya, representante judicial de la familia Zapa, dialogó con EL HERALDO sobre el llamado de atención realizado desde el mencionado organismo internacional.

“Con mucha preocupación vemos que han pasado seis años desde que inició el proceso y notamos un avance muy lento, porque hasta la fecha solamente hay una persona condenada”, indica el abogado Amaya.

Por la muerte y desaparición de Zapa Pérez fueron vinculadas seis personas, de las cuales una confesó el homicidio como parte de un preacuerdo con la Fiscalía.

“Esta persona tiene una condena, que se obtuvo hasta hace muy poco, pero es una condena derivada de un preacuerdo donde obviamente hay una aceptación de responsabilidad, lo cual implica una reducción significativa de la condena, pero no se aclara todo lo sucedido”, sostiene el representante de la familia Zapa.

Jairo desapareció el 27 de marzo de 2014 y su cuerpo fue encontrado el 6 de agosto siguiente, en los predios de una finca que para la época fue reseñada como de propiedad de Alejandro Eugenio Lyons de la Espriella, papá del cuestionado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.

El crimen habría ocurrido en una vivienda en el norte de Montería, pero el cuerpo fue ubicado en una fosa común a más de 60 kilómetros de distancia de la capital cordobesa, en el corregimiento La Magdalena, zona rural de Pueblo Nuevo, en la subregión del San Jorge; donde el confeso asesino llevó los restos de la víctima, luego de estrangularla.

 Juan Felipe Amaya continuó diciendo que “también es necesario que se diga qué ha pasado con las otras líneas de investigación, incluso con personas que se debe establecer si tuvieron alguna relación con los hechos, como el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons”.

Cabe recordar que en octubre del 2019, luego de un preacuerdo entre el confeso asesino, Joice Hernández, y la Fiscalía General de la Nación, se estableció que el procesado recibiría una condena de 23 años de prisión y una multa superior a los mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Además de Hernández, desmovilizado de las AUC; fueron vinculados al caso la compañera sentimental del confeso homicida, Zuath Naidú; el contratista y señalado de ser el autor intelectual, Jesús Henao; el primo de Zapa, Carlos Pérez; el segundo al mando en la Oficina de Regalías, Maximiliano García; y Jesús Albeiro Redondo, amigo de Henao.

Si bien ya hay una primera condena, no se ha podido iniciar el proceso en contra de los demás implicados, porque hay unas audiencias programadas para continuar en el mes de junio, pero con esta situación de la pandemia muy probablemente que no se vaya a poder realizar en los próximos meses el juicio”, agregó Amaya.

El proceso judicial por la muerte de Jairo Zapa es convocado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Montería.

El núcleo cercano de la víctima mortal, conformado por padres, hermanos, esposa e hijos tuvieron que abandonar la ciudad de Montería debido a que fueron objeto de amenazas en varias ocasiones.

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