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Por:  Ivan Alfonso Sanchez

La Procuraduría General de la Nación especifica las prohibiciones que tienen los servidores públicos para evitar una indebida participación en política:

  • Utilizar el cargo para participar en actividades de los partidos o movimientos políticos y en las controversias políticas.
  • Acosar, presionar o determinar en cualquier forma a particulares o subalternos a respaldar alguna causa, campaña, controversia política o influir en procesos electorales de carácter partidista.
  • Usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.
  • Usar con los mismos fines información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo.
  • Exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.
  • Disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.
  • Realizar contribuciones al financiamiento de partidos, campañas o causas políticas, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas.
  • Difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra de cualquier partido, agrupación, movimiento político o candidaturas, a través de cualquier medio.
  • Intervenir en controversias de tipo político, a través de cualquier medio.
  • Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.
  • Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.
  • Destinar recursos públicos para actividades de carácter proselitista, salvo los asignados por el Estado y que hagan parte del Fondo Nacional de Financiación Política.

Cerca de 10.500 funcionarios del Ministerio Público estarán acompañando la jornada electoral del 8 de marzo, como garantes de la transparencia y legitimidad de los comicios.