Un gobierno, cualquiera que sea su línea política, que se dedique a atacar a los medios de comunicación, a las organizaciones que defienden la libertad de prensa y a los periodistas, desconoce las garantías, los derechos y los límites propios de una democracia moderna. En las últimas semanas, se ha ido acentuando la postura del gobierno en contra de periodistas con nombre propio – no solo medios de comunicación – y en contra de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Esto se enmarca en lo que puede considerarse una estrategia para desacreditar todo aquello que no favorezca los intereses del gobierno nacional, con acciones que se han utilizado por otros gobiernos del hemisferio, como en Ecuador durante el mandato de Rafael Correa.
Este análisis tiene varias aristas, empezando por la estigmatización de los periodistas que cuestionan las acciones del gobierno o que advierten de posibles actos de corrupción. Un caso claro es el de María Jimena Duzán, quien ha sido directamente tildada por el presidente como “periodismo Mossad”, en una aseveración peligrosa que desconoce a todas luces el impacto y la responsabilidad que tiene el presidente al hacer este tipo de señalamientos públicos. El presidente afirma, como defensa a todos sus ataques a periodistas y medios, que es su deber defender la verdad. Sin embargo, su respuesta no es una defensa de la verdad; es un ataque antidemocrático al ejercicio del contrapoder.
Defender la verdad sería que miembros de su gobierno, como su mano derecha Laura Sarabia, respondieran sin ambigüedades los cuestionamientos que se les hacen. Defender la verdad sería responder, sin ataques personales, con cifras y con hechos concretos, aquellas noticias que considere que desinforman a la ciudadanía. Frente a esto, nadie puede pedir a un gobierno, sea en Colombia o en cualquier parte del mundo, que no se pronuncie frente a las críticas o que no desmienta una noticia que no corresponda a la realidad, pero entre eso y lo que está haciendo, que es una afrenta contra la libertad de prensa, hay una enorme distancia.
La estrategia del gobierno es clara y sigue un patrón de conducta: desacreditar aquellas voces que no compartan su línea de gobierno, dividir el ejercicio periodístico entre clases sociales para seguir dividiendo a la sociedad, fortalecer los medios oficiales para promover su propia agenda informativa y, con todo ello, ser el árbitro de la verdad, la que le resulte favorable. Casi todos los elementos de esta estrategia se ven en un mensaje de X en el que el presidente le responde a la columnista Ana Bejarano. Empezando por la división de la sociedad – recurrente en todas las comunicaciones del gobierno – el presidente escribió lo siguiente: “El gran Capital tiene periodismo, lo paga, tiene la mayoría de los medios, la gente trabajadora y humilde no.” Así, el periodismo que está a su favor, sea cual sean las acciones de su gobierno, representa a la gente trabajadora y humilde; todo el que lo cuestione representa a grupos de interés económico. Luego, viene un elemento que generaliza y estigmatiza en esa misma línea: “(...) los grupos neonazis parecieran dominar el relato mediático.”
Ahora, en ese mismo mensaje, el presidente dice algo en lo que tiene totalmente la razón: esto es que el periodismo debe buscar siempre la verdad, por difícil que sea. Esa verdad debe ser, más allá de las líneas editoriales, un estándar ético del ejercicio periodístico, el cual debe darse bajo amplias garantías de la libertad de prensa en Colombia.
@tatidangond
