La calculada sobrerreacción del presidente Gustavo Petro contra la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de $25 billones del ahorro pensional de los colombianos, desde los fondos privados a Colpensiones, lo retrata a la perfección. En la antesala de las elecciones del 31 de mayo, el jefe de Estado ha vuelto a mostrarse como el político que mejor conoce — y explota— la confrontación como una herramienta de poder.

A estas alturas de la contienda, nada en él parece emocional ni improvisado. Responde, más bien, a la reactivación deliberada de una estrategia electoral que ha perfeccionado años hasta convertir cualquier límite institucional en prueba de una supuesta conspiración contra el pueblo que nadie como él encarna o representa. No es suposición, Petro se reconoce así.

La providencia del magistrado Juan Enrique Bedoya no abolió pensiones ni confiscó ahorros, como irresponsablemente ha sugerido el presidente. Lo que hizo fue recordar un principio elemental del Estado de derecho: el Ejecutivo no puede modificar por decreto el destino de recursos, porque su regulación le corresponde al Congreso. En otras palabras, el Gobierno sobrepasó los límites de su potestad reglamentaria. Y eso, precisamente, es lo que están llamadas las cortes a controlar en una democracia constitucional, muy a pesar del petrismo.

Sin embargo, el presidente ya no discute el fondo jurídico de las decisiones de esta u otras cortes. Las descalifica moral y políticamente. En su cansina retahíla acusa a magistrados de servir a banqueros, habla de “golpe de Estado”, denuncia “bloqueo institucional” y ahora, en un hecho de enorme gravedad, con el que escala su disputa con la Justicia, convoca a sus huestes a promover acciones penales contra un magistrado. Temerario paso que, incluso en su usual manual de populismo autoritario, desborda los límites del debate democrático por ser una inaceptable presión directa contra la incuestionable independencia judicial.

Su intencionada lógica busca desplazar el debate desde la legalidad hacia la emocionalidad política, donde él se mueve con absoluta comodidad. Porque Petro y su estrecho círculo saben bien que la indignación moviliza más votos que los argumentos técnicos. Y en la recta final de la campaña electoral, cuando el oficialismo necesita mantener cohesionada a sus bases alrededor de Iván Cepeda, el candidato del Pacto, el presidente vuelve a recurrir a su libreto más eficaz, para dividir el escenario entre un pueblo supuestamente despojado de sus derechos y unas élites —jueces, empresarios, banqueros, EPS— que, según su narrativa, conspiran para impedir el cambio que, como ningún otro, él también personifica en el país.

Una vez más las altas cortes nos han dado poderosas lecciones de fortaleza institucional. El Consejo de Estado y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial le recordaron a Petro que la separación de poderes no es una concesión política, sino la esencia misma de la democracia. De manera que ningún gobernante puede situarse por encima de la carta magna ni convertir un desacuerdo judicial en licencia para hostigar o perseguir magistrados.

Por tanto, cuestionar fallos es legítimo; intimidar jueces, desinformar deliberadamente y presentar a las altas cortes como enemigas del pueblo para desatar una cacería de brujas en su contra es otra cosa. El control judicial no es un obstáculo caprichoso al poder. Es la garantía de que ningún mandatario —por popular que sea o por sus ‘nobles’ intenciones— puede saltarse las normas. Colombia demanda reformas, sí, pero también necesita límites, pesos y contrapesos y respeto por el orden jurídico. Lo contrario conduce al autoritarismo.

La fortaleza de una democracia no se mide cuando los poderes coinciden, sino cuando se controlan mutuamente sin temor ni retaliaciones. Hoy, más que nunca, es imprescindible defender la independencia de la Justicia frente a un presidente decidido a presentar cada revés judicial como persecución política, cada límite jurídico como sabotaje y a cada juez que le resulta incómodo como un traidor. Esta narrativa le es funcional a su plan de una Asamblea Constituyente que le sirva para desmontar el sistema de controles institucionales.

Petro está convencido de que la tensión o la pugna constante fortalece electoralmente su proyecto. Quizás sea cierto en términos de movilización política. Pero el costo institucional es brutal. Cuando desde la Casa de Nariño se desacredita a la Justicia, se estimula el acoso contra magistrados y presenta a las cortes como obstáculos ilegítimos se mina la confianza en los jueces y, de paso, la estabilidad democrática. Y ese es el mensaje que los tribunales intentan dejarle claro a la ciudadanía en medio de la tormenta electoral: sin respeto por los límites del poder, no hay democracia que resista. Por tanto, que nadie lo olvide: “A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”.