Las reacciones que ha generado el cierre temporal de Doña Segunda, un piqueteadero muy popular en Bogotá, ponen sobre la mesa si el cumplimiento de la ley debe ser para todos y si deben considerarse ciertas excepciones de índole socioeconómico. La DIAN tomó la determinación de cerrar por tres días el establecimiento de Doña Segunda, junto a otros 18 negocios más en Bogotá. El establecimiento de Doña Segunda tiene más de 60 años y es propiedad de una señora cabeza de familia, quien ha sacado adelante a sus hijos en medio de condiciones económicas sumamente complejas. Su historia de vida, como la de muchas madres cabeza de familia en Colombia, es la de una mujer trabajadora y verdaderamente hecha a pulso. Su establecimiento empezó con la venta de comida hecha por ella a obreros, pero ahora es un sitio ampliamente concurrido y que seguramente genera buenos ingresos.
La pregunta que se hace el país hoy es si Doña Segunda, una señora de edad que ha construido con mucho esfuerzo este negocio, debe ser objeto de una sanción como la impuesta por la DIAN, mientras muchos otros que no pagan impuestos, que roban o que desarrollan otras actividades delictivas van muy campantes por el país sin que nada les suceda. Si se analiza este caso desde la perspectiva de la ley, está claro que el establecimiento de Doña Segunda, como cualquier otro, debe cumplir con la obligación de expedir factura electrónica. Sin embargo, parece que el matiz que le ha dado la opinión pública se da por dos factores: el primero, porque hay un sentimiento de frustración por este tipo de sanciones a personas que trabajan sin incurrir en actividades ilícitas; y segundo, por la historia familiar y personal de Doña Segunda.
De estos matices surge la pregunta de si deberíamos esperar a tener un país donde todo el mundo cumpliera la ley para empezar a cumplirla. Si este fuera el supuesto y el valor que quisiéramos fomentar, la realidad es que nunca llegaríamos a consolidar un Estado de Derecho, y, por ende, las instituciones serían meramente instrumentos decorativos, sin ningún poder coercitivo o coactivo. Ahora, desentrañando lo que podría ser un sesgo político-social, valdría la pena preguntarse si hoy la noticia no fuera el cierre temporal de Doña Segunda, sino de un restaurante ubicado en el Centro Comercial Andino, por las mismas razones ¿recibiría la misma atención? No, son dos contextos socioeconómicos diferentes. Pero, si tuviéramos información de que Doña Segunda factura mucho más que ese mismo establecimiento del Centro Comercial Andino, ¿cambiaría esta percepción?
En esa pregunta está la respuesta que tal vez busca el país, pero que es muy difícil resolver en un contexto polarizante, desigual, socialmente dividido y donde el pago de impuestos, con razones de sobra, se hace cada vez menos popular.
@tatidangond
