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Opinión

Hágase la luz

El gerente de Air-e afirmó el martes pasado en EL HERALDO que es inviable financieramente que la compañía asuma el componente de pérdidas. Elijo creerle. Pero, ante la inviabilidad económica y social de que las personas y empresas las asuman, como muestra el estudio, resulta evidente que estamos ante un problema nunca resuelto, que las resoluciones recientes de la CREG solo lo prolongan y que no merece ser orgullo nacional un sistema mientras le siga fallando a un quinto de su población y a un tercio de sus pobres. 

Con el fin de arrojar un haz de luz sobre la cuantía, el origen y el impacto de los incrementos del costo unitario (CU) del kilovatio hora (kWh) en la región, la Fundación para el desarrollo del Caribe, Fundesarrollo, cuyo Consejo Directivo me honra presidir, adelantó un estudio basado en información oficial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el DANE y la CREG. Estuvo acompañada por una firma consultora en regulación de mercados de energía en países europeos y latinoamericanos. A continuación unas cifras relevantes:

En diciembre de 2020 Air-e (que atiende Atlántico, Magdalena y Guajira) y Afinia (que atiende Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba) heredan la composición del CU de Electricaribe, a saber: Generación 44%, Transmisión 7%, Distribución 24%, Comercialización 14%, Restricciones 3% y Pérdidas 8%. Entre diciembre de 2020 y julio de 2022, el CU promedio del kWh se incrementó $361 para Air-e y $387 para Afinia, 67% y 78% respectivamente, un absurdo. En adelante solo citaré datos de Air-e para ahorrar espacio. A julio de 2022 los pesos relativos se habían recompuesto así: Generación 30%, Transmisión 5%, Distribución 17%, Comercialización 14%, Restricciones 5% y Pérdidas 30%. O sea que a pesar de que todos los eslabones contribuyeron al incremento del CU, el del rubro de las pérdidas negras fue tal que hizo disminuir la participación de todos los demás, excepto restricciones. En efecto, la contribución de las pérdidas al incremento del CU en 2021 fue del 70% y en los primeros 7 meses de 2022 fue del 54%. 
Los otros componentes que más contribuyeron al incremento del CU en el periodo observado fueron comercialización y distribución. El segundo punto del estudio señala entonces que el origen principal del incremento de la tarifa en la región Caribe estriba en componentes regulados por la CREG. El más inaudito es el cobro de las pérdidas negras, o robo de energía. Es como si en Transmilenio se colaran el 30% de los pasajeros y la alcaldía decidiera subir un 50% la tarifa a los que sí pagan para enjugar el déficit.

El tercer punto del estudio, a cargo de Fundesarrollo, muestra que los incrementos en el servicio de energía, el más costoso de los servicios públicos domiciliarios, empujan la población vulnerable a la pobreza en toda Colombia, pero la pobreza y el consumo per cápita de energía son mucho más altas en el Caribe, una tenaza cruel; y muestra también como afectan la producción industrial y la competitividad de la región exportadora por excelencia, o sea del país. 

El gerente de Air-e afirmó el martes pasado en EL HERALDO que es inviable financieramente que la compañía asuma el componente de pérdidas. Elijo creerle. Pero, ante la inviabilidad económica y social de que las personas y empresas las asuman, como muestra el estudio, resulta evidente que estamos ante un problema nunca resuelto, que las resoluciones recientes de la CREG solo lo prolongan y que no merece ser orgullo nacional un sistema mientras le siga fallando a un quinto de su población y a un tercio de sus pobres. 

Rsilver2@aol.com

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