Ni antes ni ahora los depredadores sexuales tienen cabida en los medios de comunicación y en la sociedad en general. Las denuncias por presunto acoso sexual contra Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, periodistas y presentadores de Noticias Caracol, han abierto una grieta que el periodismo colombiano llevaba décadas evitando mirar de frente, pese a que sabíamos que estaba delante de nuestras narices. Lo que comenzó como un caso puntual en el canal, al que estuve vinculada durante años, ha dado paso a una oleada de valientes testimonios de víctimas que ratificaron una crisis estructural que trasciende a ese medio.

Las periodistas, en particular las practicantes, las más jóvenes o quienes se encuentran en posiciones subordinadas, hemos enfrentado —desde que recuerdo— penosas experiencias de acoso e incluso violencia sexual que retratan abusos de poder normalizados en el entorno de las redacciones. No son episodios aislados, hablan de un patrón sostenido por jerarquías rígidas, silencios cómplices y una indolente cultura organizacional que minimizó las conductas de quienes andan por la vida como si fueran lobos de presa, suponiendo que cada mujer con la que se topan resulta un objeto sexual al que tienen derecho de pernada.

Romper el silencio molesta e incomoda. En especial a quienes tienen razones de sobra para mantener oculto lo que hicieron o toleraron, pero a estas alturas ya no hay vuelta atrás. La caja de Pandora fue abierta, poniendo sobre la mesa una lamentable realidad: a las víctimas todavía se les exige más que a sus agresores. Se les pide precisión, oportunidad, coherencia absoluta y, sobre todo, una explicación: ¿por qué no denunciaron antes? Esa pregunta, repetida casi como reflejo entre los que pontifican sobre el tema sin tener la menor idea de sus impactos, no solo es injusta, sino profundamente ignorante de las dinámicas del abuso.

Creerles a las víctimas no significa renunciar al debido proceso. Equivale a entender que el silencio no es consentimiento, sino muchas veces supervivencia. Quienes han estado en esa posición saben que denunciar implica arriesgar el trabajo, la reputación y, no en pocos casos, la estabilidad emocional. El miedo, la vergüenza y la asimetría de poder han sido históricamente aliados de los agresores que, si hace falta, no escatiman en esfuerzos para desacreditar la reputación de sus víctimas con tal de que ellos salgan indemnes e impunes.

Cuando una o más mujeres deciden hablar para contar sus historias de violencias de género, a manera de grito colectivo, lo mínimo que se esperaría de la sociedad es que las escuchen sin prejuicios ni sospechas automáticas y sin convertirlas en objeto de escrutinio o de burla. Invalidar sus testimonios o restarles valor es, en el fondo, otra inaceptable agresión en su contra porque traslada la carga de la prueba moral a quienes, luego de ser vulneradas, se quedaron con el silencio, la humillación y la culpa a cuestas. O, lo que es igual, sobreviviendo.

El anuncio de la Fiscalía de abrir una indagación sobre lo sucedido en Noticias Caracol, pese a que los señalados fueron despedidos, y de habilitar canales para recibir las denuncias de acoso sexual en medios es un paso en el sentido correcto. También lo es reasignar a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia el caso por injuria y calumnia contra Lina Marcela Castillo, quien denunció por acoso sexual y laboral al gerente de RTVC, Hollman Morris. Un giro indispensable para evitar efectos silenciadores sobre las víctimas en procesos donde ellas acaban sentadas en el banquillo de los acusados y revictimizadas.

Es ahí donde el machismo deja de ser una abstracción y pasa a ser una estructura opresora. La justicia debe ser un espacio de reparación, no un nuevo escenario de desgaste o de lucha.

Pero este llamado a la empatía y a la responsabilidad también exige límites claros. En medio de la indignación legítima, no es aceptable trasladar la culpa a las familias de los señalados. Hijos, parejas o padres no son responsables de las conductas individuales y no deben ser objeto de ataques ni de escarnio público. La justicia no puede convertirse en linchamiento ni las redes sociales reemplazarla, más allá de demostrar su capacidad de romper inercias.

El periodismo, que exige máxima transparencia a otros sectores, enfrenta ahora su propia prueba, el ‘Me Too Colombia’. No basta con mirar hacia afuera: urge revisar las prácticas internas con enfoque de género, las relaciones de poder y su tolerancia histórica ante las violencias de género. La credibilidad del oficio también se juega ahí. Es lo que facilitará dejar atrás arquetipos que se consideraban intocables y fortalecer entornos laborales seguros.

Que ninguna periodista tenga que soportar tocamientos indebidos o frases de connotación sexual cada vez que grabe titulares en una estrecha y oscura cabina para los noticieros del mediodía, como me pasó a mí. No es galantería ni halago. Eso es acoso y también un delito. Que la justicia actúe con celeridad, rigor y enfoque de género. ¡Rompamos el silencio! #YoTeCreoColega