El país no puede estar peor, no por la conocida clase política corrupta imperante durante siglos, si no por los colombianos quienes seguimos creyendo enfermamente, en una clase política camaleónica que nos ha gobernado históricamente y a la cual masoquistamente les seguimos eligiendo, por ser protagonistas de la propia enajenación mental de la nación.

El caso Odebrecht es el último de sucesivos escándalos de corrupción de todos los gobiernos nacionales sin excepción alguna, sin dejar pasar por alto los acontecidos a nivel departamental, distrital y municipal en todo el país, los cuales constituyen una verdadera peste nacional, que está acabando con el patrimonio público de los colombianos.

La financiación prohibida de la actividad proselitista se encuentra regulada por el artículo 27 de la Ley 1475 de 2012, norma que proscribe las siguientes 7 fuentes de financiación:

1. Las que provengan directa o indirectamente de gobiernos o personas naturales o jurídicas extranjeras.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o presunto, de dominio, de bienes en proceso de extinción de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar.

Los políticos muta como un camaleón para engañar con nuevos colores a los electores. El ciudadano, demente social de su clase política, les sigue creyendo y votando.

En tanto, la clase política sigue llenando sus arcas producto del saqueo público, la coima y el narcotráfico, ante la vista complaciente de la nación. Odebrecht es solo la punta del iceberg de un caso más de financiación ilícita de una campaña. La ciudadanía está indignada como incrédula de los procesos jurídicos sancionatorios. ¿Hasta cuándo aprenderemos a votar libremente solo por los mejores?