El presidente Iván Duque afirmó: “He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz”. Lo mencionó como si fuera muy poco, con tono mesurado y conciliador. ¿Cómo se puede ser “pacifista” cuando se pretende destruir el Acuerdo de Paz? De igual manera, manifestó que “no estamos ante un choque de trenes”, como si desacatar las decisiones de la Corte Constitucional no pusieran en grave riesgo la separación de poderes.

Las objeciones no solo desacatan a la Corte y ponen en riesgo a la JEP, sino también al Acuerdo. El Poder Ejecutivo, en manos de Iván Duque, el Legislativo dominado por Álvaro Uribe y el Judicial a merced de Néstor Humberto Martínez son la receta para el fin. El subtexto de las objeciones es volver trizas el Acuerdo de Paz. Y tienen todos los poderes controlados para hacerlo. 

Hasta hace muy poco, la división de poderes en Colombia era garantía de control. Exigía la revisión de lo propuesto para evitar que unos decidieran por todos. Detuvo a Uribe en su tercera reelección. En la actualidad, el Gobierno de Duque ha dominado todas las instancias. Sus objeciones a la ley estatutaria están lanzadas al aparato político –Cámara y Senado–, de tal modo que se convierten en órdenes y no en objeciones. Discutirlas es una ilusión. El Legislativo debe aprobar lo que el presidente quiere. De lo contrario, se caería toda la ley porque sería archivada. Y con la ley, se cae el Acuerdo por completo.

Por su parte, como en casos anteriores donde gobiernos han impuesto su voluntad, las Cortes (el Judicial) han jugado un papel fundamental en la sensatez. Sin embargo, la alocución presidencial del pasado 10 de marzo fue una negación directa al poder de la Corte Constitucional. Para asegurarse de eliminar su posible injerencia, Duque también anunció que presentará una reforma constitucional contra la columna vertebral del Acuerdo: el Acto Legislativo 01 de 2017. La cual será votada en el Congreso –dominado por Uribe–, y así sellar la subyugación del Poder Judicial bajo el peso del Legislativo.

El panorama es oscuro, como es la generalidad en este país. Se cumplen las promesas de campaña del uribismo. La destrucción del Acuerdo es más real que hipotética. Se habla de no impunidad. Que no es acabarlo sino una reforma. Que se busca justicia. Todo soportado en argumentos morales. Pero la venganza nunca ha sido abono para la justicia. El Proceso de Paz fue una negociación, no una rendición. El camino es la reconciliación, el consenso, la verdad que conduzca a la paz. Las víctimas lo necesitan. Colombia no aguanta más violencia. El deber de todos los ciudadanos es respaldar el Acuerdo. ¿O vamos a permitir que nos lleven a una nueva guerra? 

Este 18 de marzo nos vemos en las principales plazas del país para defender el futuro, los derechos, la vida y la paz. 

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