Gustavo Petro insiste en hacer del consejo de ministros una farsa inquisitorial. Justo en la misma semana en la que la Procuraduría General de la Nación confirmó que el niño Kevin Acosta falleció por negligencia de la Nueva EPS en la entrega oportuna del medicamento que mantenía bajo control su hemofilia, el presidente ordenó liquidar a todas las entidades promotoras de salud que, a su discrecional juicio y no según definición legal explícita, están “quebradas”.
Este anuncio de alto impacto social, formulado sin sustento técnico visible y cargado de evidente revanchismo dogmático tras el fracaso de la reforma a la salud y el freno judicial a los traslados masivos de usuarios, profundizó la incertidumbre del sistema y puso a temblar a millones de enfermos que asumen, y con razón, el riesgo que enfrentan.
Más allá del tono categórico de la sentencia presidencial, que no se sabe con certeza si se ejecutará o no luego de que la Supersalud la moderara, lo verdaderamente inquietante en el repentista discurso del jefe de Estado es la ausencia de una estrategia clara, detallada y verificable que garantice la continuidad en la atención de millones de pacientes. En política pública, y más aún en salud, improvisar no puede ser una opción, porque las consecuencias se miden en vidas, como se ratifica —casi a diario— con las dolorosas muertes de enfermos.
El asunto no pasa por defender a ultranza a las EPS ni por desconocer las fallas estructurales del modelo de salud identificadas desde hace años, sino por advertir que desmontar piezas claves del sistema exige mínimos de responsabilidad política en la toma de decisiones. Es un principio esencial en el ejercicio de gobernar. Sin embargo, ante la crisis financiera del sector, inducida a fase aguda por el Ejecutivo, su respuesta ha sido zafarse de obligaciones y atizar la polarización para arremeter contra aquellos que considera sus enemigos políticos.
Lejos de la confrontación estéril, con auténtico sentido de Estado y apelando a los criterios técnicos de los que carecen Petro y Jaramillo, su ministro de Salud, se hace vital insistir en que el problema de fondo no desaparece liquidando EPS. Asegurar lo contrario sería mentir. Porque la insuficiencia de recursos, el rezago en la financiación o la fragilidad operativa del sistema seguirán allí e incluso agravados por una transición forzada y hecha a las patadas.
Trasladar millones de afiliados de las EPS controladas hoy por el Gobierno a la desbordada e intervenida Nueva EPS no es solución, más bien sería la estocada final que aceleraría su deterioro debido a las limitaciones financieras y operativas que arrastra. En ese escenario, los pacientes quedarían atrapados en un peligroso limbo, sin claridad sobre dónde o cómo autorizar sus tratamientos, reclamar medicamentos o continuar procesos médicos en curso.
Someter a los pacientes a más desasosiego equivale a no tener escrúpulos. Cada decisión a la ligera sin rigor técnico se traduce en citas o cirugías postergadas, medicinas que jamás se entregan o tratamientos interrumpidos.
Es decir, en puro sufrimiento humano. ¡Cuánta tozudez! Sin una ruta de transición robusta, con garantías de financiamiento, continuidad en la atención y definición precisa sobre quién asumirá la gestión del riesgo o cómo se financiarán las deudas con clínicas y hospitales, Colombia se expone a un colapso progresivo de la capacidad de su sistema de salud, en el que los más vulnerables —pacientes crónicos, adultos mayores y población de alto riesgo— pagarán cada día que pasa un precio más alto.
Conscientes de que cualquier transformación del modelo debe ser ordenada, gradual y técnicamente sustentada, los gobernadores, vía Federación Nacional de Departamentos (FND) llaman al Gobierno nacional a la responsabilidad institucional. Hacen lo correcto. Su propuesta de una mesa de coordinación entre la nación y las regiones pone en el centro lo que realmente importa: proteger pacientes y asegurar la estabilidad de la red hospitalaria.
En consecuencia, no se debería asumir como una propuesta más, sino como una urgente necesidad para entender las realidades locales y evitar decisiones uniformes que ignoren brechas territoriales. Liquidar sin alternativas operativas en los territorios equivale a dejar a pacientes sin ruta de atención, en especial en zonas apartadas donde la oferta es limitada.
Defender la viabilidad de los cambios en el sistema es, en esencia, garantizar el acceso a los servicios. Si no se tienen en cuenta criterios de prudencia, técnica y transición que hoy lucen ausentes del sectario debate al que Petro y Jaramillo empujan a los colombianos, la crisis estructural a la que indujeron al sector salud se convertirá con celeridad en una emergencia humanitaria. Difícilmente su narcisismo les facilitará entender que su apuesta es peligrosa.
