Renta básica
El proyecto tendría un costo fiscal de $31 billones de pesos, y cobijaría a 9 millones de hogares.
La llegada del SARS-CoV-2 a Colombia trajo consigo nuevos matices a la discusión en torno al futuro del país. Hoy cuando la pandemia ha visibilizado la vulnerabilidad de la población frente a choques inesperados y las amplias pérdidas valoradas en materia económica y social, el debate sobre una renta básica universal vuelve al ruedo. Por esto, entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propusieron una renta básica semiuniversal por única vez para los más vulnerables.
Esta medida fue implementada en países como Finlandia desde 2017, donde cada ciudadano recibe mensualmente 560 euros, ingreso que ha contribuido a la reducción de los síntomas de estrés, y menores dificultades para concentrarse, según el Instituto de Investigaciones Económicas de ese país. Por su parte, en Alaska, el Estado creó un Fondo permanente para emitir un cheque anual de USD 2.000 dólares a cada ciudadano por el sólo hecho de estar vivo, mientras que Irán implementó la medida con éxito desde 2011, desembolsando mensualmente a cada familia el 29% de su renta mensual. No obstante, países como Canadá han trabajado en dos experimentos segmentados por provincias: en la provincia de Manitoba, en la década de 1970, y un último intento en 2017, en Ontario, donde el gobierno local promovió un paquete de ingresos básicos a 4 mil personas de bajos recursos, que se vio frenado por la llegada de un gobierno conservador al poder en 2018, argumentando que el proyecto desincentivaba la búsqueda de empleo. En la pandemia, países como EE. UU. o Japón hicieron giros de USD 1.200 y USD 900 dólares por una sola vez.
En Colombia, la ANIF propuso inicialmente un único giro de $450.000 pesos a una base de 17,9 millones de colombianos, de los cuales 15,6 están afiliados al régimen subsidiado, mientras que los 2,3 millones restantes serían trabajadores formales que devenguen menos de 1 SMMLV.
La semana anterior, no obstante, 68 congresistas radicaron un proyecto de ley que consiste en transferir $877.802 pesos durante los meses de agosto, septiembre y octubre, y $430.901 en los últimos dos meses. El proyecto tendría un costo fiscal de $31 billones de pesos, y cobijaría a 9 millones de hogares, con la posibilidad de alcanzar a 30 millones de colombianos. La financiación correría por cuenta del reemplazo de las transferencias sociales actualmente vigentes, tales como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia mayor o la Devolución del IVA, aunque el presidente Iván Duque ya decretó la extensión de Ingreso Solidario hasta junio de 2021.
De ser aprobado el proyecto, se podría evitar una pérdida aún mayor de los ingresos de los más vulnerables, e intentar contribuir a que no se pierda una década de avances que se han visto reflejados en factores como la disminución de la pobreza monetaria y el crecimiento de la clase media, aunque existe también el riesgo de que la medida desincentive la búsqueda de empleo. Mientras este debate se da, siguen sin avance propuestas para la protección del tejido empresarial y la generación de empleo por la vía del desarrollo productivo y el crecimiento económico.
*Directora Fundesarrollo
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