Todo programa de gobierno de un alcalde se materializa en un Plan de desarrollo y luego se concreta en presupuestos anuales y en contratación. La lupa ciudadana tiene que estar encima, pues hay el riesgo de que se generen fenómenos de “captura” del estado local, a través de dichos procesos. Siempre hay el riesgo de que amigos de una administración se enriquezcan demasiado a costa de nuestros impuestos, a pesar que las obras se vean.

El 10 de abril/19, la dra. Ana María Aljure, secretaria general de la Alcaldía Distrital, envió un oficio al director de EL HERALDO, a raíz de unos comentarios míos en mi columna de abril 9/19, referida al “rezago regional”. Me alegré de tal documento, que amablemente la dirección de EL HERALDO me hizo llegar, pues por fin alguien del Distrito abre la discusión sobre la contratación.  La dra. Aljure es el poder delegado en la Alcaldía en esta materia, pues el 16 de noviembre/18, el dr. Ramón Vides renunció a la gerencia de Edubar, lo cual parecía un normal retiro después de 10 años. Lo que supe sin querer, de fuentes de alta fidelidad, fue que hacía rato al dr. Vides lo habían dejado sin capacidad de contratar y de ejecutar, concentrándose las decisiones en la dra. Aljure. Le tocaba por tanto irse. La dra. Aljure defiende la tesis de que la contratación en el Distrito ha sido transparente y cita diez factores, que no puedo resumir aquí.  Menciona las numerosas licitaciones realizadas según la ley. La verdad es que nunca he dicho que sean ilegales. Lo que siempre he manifestado han sido los niveles de concentración de los beneficiarios, tanto en arroyos, parques, juegos deportivos y obras de todo tipo.

Varias publicaciones serias al respecto, que son de conocimiento público, señalan que aparece un número de firmas que son los campeones de la contratación de la era Char desde el 2008. Es sorprendente el ascenso de la firma A Construir de los hermanos Daes, el ya conocido peso de Valorcom (Gerlein), Donado & Arce, AEIngenieros Civiles, Yacaman, Sergio Torres, Inversiones Jacur (Faisal Cure) y otros que se repiten seguidamente si uno se toma el trabajo de hacer el inventario en el Sistema de Contratación Pública (Secop).  Ha habido algo de diversificación en contratos menores, pero sería bueno que la dra. Aljure, a pesar de los reconocimientos y premios que ha tenido por su exitosa contratación, nos presentara un cuadro más detallado de los favorecidos. Además, en esta administración se han cambiado las antiguas concesiones por sociedades de economía mixta, donde no hay concurso, sino que se cita al socio a una notaría.

Así tenemos Alumbrado Público de Barranquilla (SAS), Mi Red IPS, la cual maneja la salud; Siembra Barranquilla, la cual maneja la arborización que siempre me ha parecido costosa, sin que rindan cuentas al público, pues son empresas mixtas que funcionan como de derecho privado. Las obras se hacen, pero no hay veeduría ciudadana de costos. Los ruidos de las redes sociales en Barranquilla son tenaces al respecto, en vísperas de las próximas elecciones. Según Barranquilla Cómo Vamos, en el 2018 solo el 38% de los ciudadanos considera que la corrupción ha disminuido. No soy veedor. Solo soy un ciudadano preocupado por mis impuestos.