No fue posible construir un sistema penal constitucional sin entender que dos instrumentos oprobiosos, inhumanos y degradantes debían ser eliminados de la faz de la tierra: la tortura y la mazmorra. La primera, herramienta procesal de convicción para el juez (la confesión mediante la tortura), prueba esencial; la segunda, la eliminación total de su libertad sin límite alguno en el tiempo, en cavernas profundas donde a veces olvidados solo les quedaban los huesos. Ante este horror se levantó la civilización y se determinó la construcción de un sistema racional, legítimo y humano que elaboró códigos, procedimientos, límites de tiempo y obvio la eliminación de la tortura como método de obtención de la verdad.

Desde la década de los 70, con la doctrina Nixon y su lucha contra la criminalidad mediante el aumento de recursos e infraestructura para el sistema carcelario, incrementó la población carcelaria y venimos asistiendo a un desmesurado ejercicio del poder punitivo que se ha concentrado en una perversión de las medidas de aseguramiento o medidas cautelares, porque ante el colapso de sistemas penales a la población se le responde haciendo uso enmascarado de la antigua mazmorra. 

Por fortuna de la tradición jurídica que no ha permitido que la mazmorra o la privación de la libertad durante el proceso se conviertan en una forma de tortura, aun hoy existe el mecanismo de la libertad por vencimiento de términos. Atacar este instrumento de la civilización humana es ponerse del lado del radicalismo oscurantista. Sembrar dudas sobre este elemento prodigioso que brinda la ley y la historia es ignorancia rancia y pura: es que por dar gusto a la galería no se pueden echar a la basura tantas luchas por la supervivencia y el respeto a la dignidad humana.

Que haya un plazo entre un acto y otro dentro de un proceso, que el tiempo que la administración de justicia demore en derrotar la presunción de inocencia, que se entienda que el encarcelamiento siempre será provisional si es durante un proceso y hasta que existe sentencia en firme, es apenas lógico, razonable, civilizado y es una declaratoria sobre que la mazmorra no existe ni debe existir jamás. Es entender que el enfrentamiento entre el Estado y el individuo no se puede saldar poniéndolo entre rejas sin límites de tiempo al procesado. Para eso es la libertad por vencimiento de términos que tantos entusiastas populistas atacan, rechazan y alientan su eliminación. 

Ante la evidencia de los hechos que nos han hecho civilización y no barbarie: que nadie puede estar privado de su libertad indefinidamente durante un proceso ni tampoco ninguna pena es indefinida y perpetua, entonces los populistas (voceros del nuevo oscurantismo punitivo) se dirigen a atacar a los abogados defensores. Qué gran error.

También nos enfermamos, tenemos hijos, familia y circunstancias diversas que no pueden ser señaladas como dilación o formas de lograr un vencimiento de términos. Siempre es al abogado a quien se le reprocha, pero en el sistema también hacen parte jueces, fiscales y autoridades del Inpec; cada día, incluyendo vacaciones judiciales es tiempo restado a la vida del encausado y no se le puede descontar; los paros judiciales, no son asunto del encarcelado. La referida bancada de la defensa para atribuir las ausencias de otro abogado diferente al propio es un entuerto carente de todo sentido y violatorio de la responsabilidad individual. Entender eso es humanidad, es civilidad. Entender eso es oponerse a regresar a la mazmorra. Descuidar lo anterior nos puede traer de vuelta a la inquisición y despojarnos de toda humanidad. Ustedes elijan.