En el marco del proceso penal, la jurisprudencia ha desempeñado un papel fundamental en la protección de las garantías de todos los sujetos procesales. Estas decisiones judiciales han sido pilares esenciales para salvaguardar los derechos y asegurar la justicia. Sin embargo, como defensores, nos encontramos ante excepciones que no solo nos preocupan, sino que también representan retrocesos significativos en los avances que tanto hemos luchado por consolidar.
Es alarmante observar ciertos pronunciamientos judiciales que, en lugar de limitarse a interpretar la ley, parecen ir más allá, casi hasta el punto de legislar. Un ejemplo claro de esta situación es la inclusión del "testimonio adjunto" en el proceso penal, una figura que no está contemplada en el Código Procesal Penal. Este tipo de decisiones no solo introducen elementos ajenos a la legislación vigente, sino que también socavan las bases del debido proceso.
Otra práctica que ha generado controversia es la adición de imputaciones sin el debido rigor procesal, y lo que es aún más preocupante, la autorización de celebración de audiencias sin la presencia de la defensa. Estas medidas, lejos de fortalecer el sistema judicial, lo debilitan, olvidando las garantías fundamentales que protegen los derechos de los procesados. La ausencia de la defensa en audiencias cruciales no solo vulnera el derecho a un juicio justo, sino que también deslegitima el proceso entero, dejando a los imputados en una situación de indefensión.
Como defensores, nuestro compromiso es luchar por un sistema de justicia que respete y garantice los derechos de todas las partes involucradas. Las garantías procesales no son meros formalismos, son principios esenciales que aseguran la equidad y la justicia. Cualquier medida que las debilite representa un retroceso que no podemos permitir.
Es imperativo que las altas Cortes revisen estos pronunciamientos que exceden los límites de la interpretación judicial y ponen en riesgo las garantías procesales y por supuesto, vuelvan a poner todo en una balanza justa. La confianza en el sistema judicial depende de su capacidad para proteger los derechos de todos, y cualquier decisión que contravenga este principio fundamental debe ser cuidadosamente reevaluada.
En conclusión, mientras celebramos los avances logrados en la protección de las garantías procesales, también debemos alzar la voz contra aquellos pronunciamientos que las ponen en peligro. Solo así podremos asegurar un sistema de justicia que sea verdaderamente justo y equitativo para todos.
