En Suecia los miembros del legislativo no tienen presupuesto para asesores, la ayuda para movilidad no está vinculada a flota de lujosas camionetas, solo la mesa directiva tiene acceso a tres vehículos, uno para cada uno, los demás disfrutan de una tarjeta anual para usar el transporte público. Así mismo, el único servidor que tiene derecho a carro es el primer ministro, cualquier otro que lo solicite debe demostrar fuertes y suficientes razones para que se le otorgue.

En España en el Congreso los diputados cuentan con 321 asesores para 350 parlamentarios. En Perú los congresistas no pasan de tener cuatro asesores incluyendo quien cumple las funciones de secretaría y se les entrega un computador, una tablet y un celular que no siempre es pagado por el Estado.

Así puedo seguir haciendo un análisis de algunos gastos en el que incurren otros países dirigidos al funcionamiento de su Congreso, y casi todos están muy por debajo de lo que destina Colombia para el mismo fin y para el funcionamiento de otras muchas entidades públicas.

Nuestro legislativo gasta hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes en asesores que pueden ser hasta 10 por congresista, el alquiler de un vehículo blindado oscila alrededor de 11 millones de pesos por carro y además cuentan con seguros de vida, entre otros conceptos, que se pagan con recursos de todos los colombianos.

Colombia es un estado excesivamente burocrático, gasta demasiado en los servidores públicos. Si se hiciera un análisis juicioso de la cantidad de dinero que se puede ahorrar o destinar para otros fines, las reformas tributarias podrían ser menos agresivas con la clase asalariada y ayudar más a las clases menos favorecidas, como invertir en educación, salud y políticas de empleo para cerrar la brecha de desigualdad que está vigente en Colombia desde décadas atrás.

Acá muchos funcionarios públicos creen que el cargo trae consigo carros, escoltas y otros gastos que no tienen razón de ser, es claro que por razones de orden público algunos pueden tener necesidad de especial protección para su vida y familia, pero realmente no se entiende cómo ciertas carteras ministeriales como Cultura, Comercio, Deporte, Ciencia y Tecnología tienen varios carros y esquemas de protección, generando gastos que no deberían estar a cargo de los ciudadanos.

De igual manera no es lógico que se elija a un senador o a un representante a la Cámara para que cumpla su labor, que es legislativa, de control político o la establecida en la norma para su función, y a la vez tengamos que pagarles más de 40 millones de pesos mensuales a cada uno para que nombren asesores que hagan su trabajo, el recorte en este aspecto debe ser inmediato y sustancial, no a mediano plazo y gradual.

Se debe revisar de manera urgente el tema de congresistas que tienen vehículos para movilizarse en Bogotá y en su región sin que tengan ningún problema de seguridad que lo amerite y lo mismo aplica para concejos, asambleas, alcaldes y gobernadores.

La reforma tributaria es una necesidad en Colombia y no por el mal manejo del presidente Duque ni tampoco porque Santos haya dejado al país en quiebra, se necesita porque el país lleva mucho tiempo en mora de organizar sus finanzas, cubrir el gasto operacional y cobrar impuestos a quienes realmente deben y pueden pagarlo y que hasta ahora no lo hacen de ninguna manera o solo pagando algunos como las iglesias, los bancos, entre otros.

PD: les dejo esta inquietud: ¿La participación de servidores públicos en juntas directivas y comités derivados debería ser gratuita para no recibir doble remuneración e ir en contra de la Constitución?