La Asamblea del BID le asignó –en su agenda– un lugar central a la justicia colombiana. Estupendo. (Por cierto, salvo el amplio cubrimiento de EL HERALDO, el evento no tuvo relevancia periodística nacional y menos internacional).

¿Por qué es importante la justicia? Kelsen tal vez habría dicho: “Ninguna otra pregunta ha sido planteada más apasionadamente que esta, por ninguna otra se ha derramado tanta sangre preciosa ni tantas lágrimas amargas como por esta, sobre ninguna otra pregunta han meditado más profundamente los espíritus más ilustres, desde Platón a Kant. Y sin embargo, ahora como entonces, carece de respuesta”.

Lo que sí parecería estar claro es que ninguna democracia podrá ser viable si no es capaz de darse un aparato de justicia que reprima con prontitud y eficacia el mal encarnado en el delito. En Colombia, infortunadamente, la administración judicial no ha alcanzado ese nivel de poderosa contundencia por sus carencias en recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos. Los privilegios presupuestales los han acaparado las ramas ejecutiva y legislativa, mientras a la rama judicial le han reservado la escasez.

Por eso resulta una buena noticia el crédito de 500 millones de dólares del BID para la digitalización del poder judicial. 

Según la magistrada Gloria Stella López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, hasta hoy en las distintas jurisdicciones de los Distritos Judiciales del país se han digitalizado 215.000 expedientes. Ya es algo en un país donde la justicia ha sido escritural, lo que congestiona de papeles (y, de paso, de cucarachas y ratones) los despachos judiciales.

Desde luego, las herramientas tecnológicas deben ayudar a reducir los tiempos procesales y a acercar la justicia a los ciudadanos, siempre y cuando se garantice el acceso colectivo al mundo digital. Tarea aún por realizarse en Colombia.

En Barranquilla logramos, con las audiencias virtuales de los jueces penales, disminuir el problema del vencimiento de términos (que generaba mucho ruido mediático), gracias a las inversiones que la Gobernación del Atlántico hizo en el cuatrienio anterior. Pese a que la Gobernación no es el primer respondiente del Sistema Penal Acusatorio, el aporte muestra que es esencial la colaboración de los gobiernos territoriales a la justicia.

Durante la pandemia los jueces han acudido al Zoom y a WhatsApp para atender las audiencias. 

Como se dijo en el conversatorio sobre justicia en la Asamblea del BID, con la digitalización no vamos hacia la robotización, sino a un modelo donde los operadores judiciales se apoyan en la tecnología para hacer mejor su trabajo. 

Será clave, por supuesto, que estos 500 millones de dólares se empleen racional y transparentemente para que sirvan al conjunto de la institucionalidad judicial. En un país de escasos recursos cada dólar de este préstamo tiene que ser bien usado.

@HoracioBrieva