El Heraldo
Opinión

Derecho a la protesta pacífica

Aceptar que en los últimos días las manifestaciones en el país han sido pacíficas, es tener los ojos tapados y desconocer la realidad social.

El artículo 37 de la Constitución Política establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Este es un derecho que está relacionado con el derecho a la opinión (art. 20), con el de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de las personas en sociedad (art. 38), el de la participación en la conformación y ejercicio del poder político (art. 40), el derecho a la huelga por parte de los trabajadores (art.56) y el de fundar y conformar partidos políticos (art. 107).

Pero estamos hablando de protesta pacífica, no violenta, como las hemos visto por televisión, donde queman el transporte público, los CAI de la policía, almacenes, tiendas y todo lo que se les atraviese, con candela en mano y piedras, que no son flores para mascar, tal vez para fumar, como  la canción de Pablus Gallinazus.

Sobre el tema de las manifestaciones públicas, la Corte Constitucional en sentencia C- 009 de 2018 dijo: “así mismo excluyen de su contorno material las manifestaciones violentas y los objetivos ilícitos. Estos derechos tienen una naturaleza disruptiva, un componente estático (reunión/pública) y otro dinámico (manifestación pública)”.

Es necesario que algunos jueces, antes de legislar, salgan de su cabina biónica y de su carro blindado y miren el contexto social para que la aplicación de la ley tenga una congruencia histórica, como nos enseña el profesor Luis Recaséns Siches, y ante todo, justicia, dignidad humana, libertades fundamentales, bienestar general, paz, orden y seguridad.

Aceptar que en los últimos días las manifestaciones en el país han sido pacíficas, es tener los ojos tapados y desconocer la realidad social. Puro vandalismo infiltrado en protestas de manifestantes manipulados por las redes sociales, destruyendo el patrimonio y los bienes públicos.

Hubo desproporción de fuerza por dos policías en la muerte del abogado Javier Ordóñez en Bogotá. Pero no por esto vamos a eliminar a la Policía. Y también responsabilidad del soldado en la muerte de Juliana Giraldo en Miranda- Cauca. Pero tampoco podemos acabar con el ejército.

¿Saben quiénes ponen la sangre en Colombia? Los soldados (estratos 1 y 2), los policías (estratos 1 y 2) y los guerrilleros (estratos 1 y 2). No conozco a los hijos de Odebrecht, Interbolsa, Reficar, Agro Ingreso Seguro, congresistas, gobernadores, alcaldes de Bogotá, magistrados, banqueros, industriales, entre otros, con un fusil en el monte dándose plomo contra los violentos. Es oportuna la frase de Albert Einstein: “hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y del universo no estoy seguro”.

El único soldado estrato veinte que estuvo en el ejército, fue el hijo del Presidente Santos, prestando el servicio militar en el batallón Tolemaida. Por qué no lo mandaron para el Cauca o el Catatumbo? Porque a ese infierno van los pobres a tocarle el rabo al diablo.

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