Cuando Colombia atraviesa el momento más difícil de la crisis sanitaria, un tercer pico de contagio en el que mueren más de 400 personas a diario, su ministro de Hacienda, quien tiene menos consciencia que una gallina sobre cuánto cuesta una docena de huevos en nuestro país, presenta un proyecto de ley con un nombre bonito para impulsar una iniciativa nefasta. Mientras tanto, el DANE publica los resultados de sus mediciones oficiales de pobreza, develando que este flagelo golpeó en 2020 a más del 42 % de la población colombiana… Y, en medio de todo, ocurre lo insólito: el pueblo sale a las calles a protestar, aun sabiendo que no hay mejor forma de proteger la vida que quedándose en casa.    

Pero, ¿qué es la covid-19 comparada con el inconformismo de miles de personas apaleadas por el sistema económico nacional? La idea de una reforma tributaria, disfrazada de ‘Solidaridad sostenible’, tiene más de ataque que de protección, más de insostenibilidad que de preservación de la productividad y el bienestar integral de la nación. En un país donde la pobreza extrema es padecida por más del 15 % de sus habitantes, no es extraño entonces que miles salgan a defender sus derechos, aun cuando la reforma promete múltiples “beneficios” para los más pobres.

Que la gente le tema más al Gobierno y a sus cuestionables decisiones que al mismísimo virus que en el mundo ha matado ya a más de tres millones de personas da cuenta de esta, nuestra penosa realidad: tenemos un Gobierno tóxico. El significado etimológico detrás del término ‘tóxico’ es el de «flecha envenenada», proveniente del griego ‘toxikón’ (veneno para poner en las flechas) y del latín ‘toxicum’ (veneno).

Y son, precisamente, flechas envenenadas las que a los colombianos nos están clavando las políticas públicas de Duque, quien lleva por apellido una palabra que data del ocaso del Imperio romano, cuando el ‘dux’ era un jefe de provincia con potestad civil y militar. El término, que viene del latín ‘ducere’ (conducir, dirigir), se aleja cada vez más de la función que debería ejercer a cabalidad nuestro mandatario y, paradójicamente, el único e inútil rasgo de dirección que podemos encontrar en él termina siendo el origen más remoto de su apellido.        

Ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda externa nos haga perder puntos en las calificaciones de riesgo, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental son los cuatro ejes centrales del documento que tiene al país en vilo. Interesante, pero ¿de dónde se sacará el dinero para hacer que la “magia” ocurra?

La respuesta de Alberto Carrasquilla, ilustre e ilustrado ministro, no es muy alentadora. Los 23,4 billones de pesos que se esperan recaudar con esta reforma saldrán en gran parte del bolsillo de la clase media (población severamente afectada por los estragos socioeconómicos de la pandemia); a partir de 2023, quienes tengan ingresos mensuales que superen los 2 millones 300 mil pesos tendrán que pagar impuesto de renta…

En resumidas cuentas, al tiempo que el pueblo se manifiesta, el Estado lo envenena. Ojalá me equivoque, pero pasarán los años y seguro veremos las consecuencias de haber sido “dirigidos” por el peor de los duques. 

@cataredacta