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Reactivación económica: la hora de los alcaldes

Según la Federación Nacional de Departamentos, entre enero y junio, se dejaron de recaudar cerca de 1,3 billones de pesos en impuestos.

La decisión del Gobierno nacional de dar fin a cerca de seis meses de aislamiento preventivo obligatorio ha puesto en los ciudadanos la responsabilidad del autocuidado en materia de salud, con el fin de evitar que la curva de contagios por COVID-19 vuelva a incrementarse, y en los mandatarios locales el compromiso de apoyar de manera contundente la reactivación económica que necesita el país.

Tal y como se ha reseñado, la pandemia hizo mella en el tejido empresarial colombiano y diversos sectores se vieron afectados por la imposibilidad de sostener sus negocios debido a restricciones impuestas, en muchos casos, sin argumentos técnicos que las validaran.

Me refiero en particular a lo sucedido con el sector de licores, vinos y cerveza. Las medidas de prohibición a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, adoptadas únicamente a nivel municipal y departamental, no solo no contribuyeron a la mitigación del contagio, sino que generaron graves consecuencias en materia de pérdida de empleo, afectación al recaudo de impuestos destinados a la salud en los departamentos, impacto negativo en el comercio minorista, incremento en el consumo de productos de contrabando o adulterados, entre otros.

En materia de salud y orden público, la implementación de Ley Seca en regiones ha demostrado ser ineficiente y no generar los resultados esperados. Los datos de la Policía Nacional registran, por ejemplo, que Barranquilla, pese a la restricción vigente durante el fin de semana festivo del 13 al 15 de junio, fue la ciudad en la cual más se intervinieron fiestas clandestinas en casas o apartamentos (526).

Debido a la imposibilidad de generar ingresos, se calcula que un 30% de los cerca de 350.000 establecimientos de comercio que componen la cadena de valor de la industria de licores, vinos y cerveza, ha tenido que cerrar. Los más de 120.000 empleos directos e indirectos que genera la industria están en alto riesgo y preocupan también las implicaciones fiscales para el país.

Según la Federación Nacional de Departamentos, entre enero y junio, se dejaron de recaudar cerca de 1,3 billones de pesos en impuestos. En particular los impuestos por consumo de licores presentan una disminución del 71% y los de cervezas de 40%, durante la emergencia sanitaria. 

El impacto es mayor en algunos departamentos que hicieron un uso excesivo de la implementación de medidas restrictivas, como Magdalena, con una Ley Seca casi ininterrumpida, con una sola hora diaria habilitada para la venta de licores, vino y cerveza, o Córdoba, en donde se decretó Ley Seca en 30 municipios, hasta que sea superada la declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia.

En la nueva normalidad que inició el 1 de septiembre, el Gobierno nacional ha abierto la posibilidad de que, mediante solicitud expresa de mandatarios locales, para el desarrollo de pilotos en restaurantes y bares se permita el consumo de licores, vinos y cerveza. Compete entonces a alcaldes y gobernadores tomar la batuta y contribuir a la recuperación de una industria de alta relevancia para la economía del país y sus regiones. Será responsabilidad de ellos levantar las restricciones existentes, con el fin de que la tan anhelada reactivación económica sea una realidad.

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