El escenario estaba servido para el inédito volumen de protestas sociales que estamos sufriendo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional con los programas sociales, como el de Ingreso Solidario, según datos del DANE por efectos de la pandemia la pobreza monetaria en Colombia subió a 42,5 % en 2020, con un aumento de 6,8 puntos porcentuales, lo que significa que 3,5 millones de personas entraron a esa condición de pobreza el año pasado. Por otro lado, la pobreza extrema subió a 15,1 %, reflejando un incremento de 5,5 puntos.

Con esa situación social, que no es responsabilidad solo de este gobierno, sino que es el resultado acumulado de varios gobiernos y del accionar de los dirigentes políticos, que no fueron capaces de prever e implementar efectivos programas sociales y económicos que corrigieran las debilidades de nuestra sociedad. Con tantos nuevos pobres e indignados ciudadanos, que ven como súbitamente se les reducen las oportunidades y las esperanzas, las protestas, alimentadas por el odio que promueven reconocidos líderes políticos, no se hicieron esperar, aun desobedeciendo las medidas de bioseguridad y poniendo en riesgo la vida de muchos colombianos. El pico alto de casos fatales por contagios con el virus así lo están demostrando.

El fallido intento de una reforma tributaria inoportuna e inexplicada, a pesar de su nombre “Ley de solidaridad sostenible”, fue solo el detonante de la explosión social. Aun cuando muchos de los que protestan no iban a ser afectados por la reforma, sino beneficiados, la expresión reforma tributaria tiene una connotación irritadora que tuvo sus efectos en el ánimo reprimido de la gente. Hoy se completarán 23 días continuos de protestas, mezcladas con hechos violentos y destructivos, contra las instituciones públicas, la propiedad privada y contra los derechos fundamentales consagrados en la Constitución nacional, que han afectado profundamente la vida de los colombianos. No solo se han producido lamentables pérdidas de vidas, sino también la destrucción de fuentes de trabajo y el incremento de la pobreza, impidiendo la reactivación económica tan necesaria para ampliar las oportunidades de empleo y de ingresos que tanto reclaman muchos colombianos.

Sólo aquellos que tengan una inclinación sociópata podrían estar tranquilos y satisfechos con esta situación de crisis que cada día destruye gradualmente nuestra economía y nuestra democracia. Nadie está exento de sufrir en carne propia sus potenciales nefastas consecuencias.

Es hora entonces de dialogar para buscar y acordar soluciones. Los negociadores tienen una enorme responsabilidad con el país y por ello deben tener una actitud positiva, una buena dosis de sindéresis y suficiente creatividad para construir soluciones con efectos sinérgicos.

Sería una torpeza que el comité de paro, como parte del proceso de negociación, asumiera la posición de exigir al gobierno que haga concesiones que impliquen el incumplimiento de la Constitución y la ley que todos estamos obligados a cumplir. Igualmente sería un error que el gobierno no atendiera los reclamos de las posibles violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública y no implemente en forma transparente los correctivos necesarios.