En Colombia la violencia política sigue acabando con la vida de líderes, acallando voces que representaban el futuro del país y resquebrajando, de la manera más cruel e inhumana, a la democracia tanto en el nivel nacional como en el territorial. Esta semana ocurrió el atroz asesinato de Mileidy Villada, concejal por el Centro Democrático en Obando, al norte del Valle del Cauca. La vida de los servidores públicos de elección popular, así como la de los líderes políticos y sociales, no puede seguir a merced de la delincuencia, los grupos armados y las bandas criminales, que han hecho de las suyas sin que exista siquiera un ejercicio de justicia que los disuada de su actuar criminal. El Estado colombiano, históricamente negligente en la protección de sus servidores públicos, no ha comprendido lo que representa para la democracia la vida y la integridad de quienes deciden ejercer la función pública: sin ellas, ninguna otra libertad es posible. La vida no es solo el derecho axial de toda persona; es la condición sine qua non del orden democrático.
El caso de la concejal Villada, asesinada frente a su hijo y otros familiares, da cuenta de la desprotección sistemática del Estado: tenía antecedentes de amenazas documentadas desde 2020, las medidas otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) fueron mínimas -chaleco y botón de pánico-, y al momento de su asesinato no estaba claro si esas medidas seguían vigentes. Ante esto cabe preguntarse de qué sirve un botón de pánico frente a un atentado de estas magnitudes, y si la UNP, pese a las denuncias presentadas por ella, no consideró necesario brindarle mayores garantías. El Gobierno nacional tiene el deber ineludible de garantizar la seguridad de los servidores de elección popular de todas las corrientes políticas, y el asesinato de una concejal de oposición en las semanas previas a las elecciones debe tener consecuencias tanto políticas como en materia de justicia.
Ahora bien, aunque la violencia política ha sido una constante en la democracia colombiana, este gobierno ha aplicado una política de protección selectiva, o al menos eso sugieren los hechos: mientras muchos líderes y políticos arriesgan su vida en los territorios, otros que no son precisamente servidores públicos acceden a robustos esquemas de seguridad financiados con recursos del Estado.
Cada asesinato de un servidor público o líder lanza un mensaje silencioso pero poderoso a quienes consideran entrar a la vida pública, especialmente en territorios donde el Estado compite con actores armados por la legitimidad. La violencia política no solo mata personas: mata vocaciones cívicas y allana el camino para que el crimen organizado ocupe los espacios que la democracia debería controlar.
@tatidangond
