El panorama electoral en Colombia es incierto a tres semanas de la primera vuelta presidencial. Los sondeos coinciden en que existen tres candidatos —Iván Cepeda, Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia— con altas posibilidades de alcanzar la Presidencia de la República. Los demás aspirantes sobrarán en el tarjetón. Intentarán sumarse a las fórmulas ganadoras para negociar sus deudas de campaña, que en muchos casos los dejarán en la bancarrota. Son las ilusiones de lo que pudo ser y nunca se logró. La ausencia de sentido de realidad, o la emoción de tener algún tipo de poder o cargo público, obnubila la mente.

En medio de estas vicisitudes, la firma española GAD3, a la que se sumaron otras compañías del sector, manifestó que la decisión de la comisión técnica creada por la Ley 2494 de 2025 hace inviable, desde el punto de vista metodológico y operativo, la medición de intención de voto. Según esa comisión, los estudios deben realizarse de manera presencial y, para que sean válidos, debe demostrarse que cualquier ciudadano tuvo una “probabilidad cierta y cuantificable de ser seleccionado”. Para la firma española no existen garantías mínimas de calidad científica para operar bajo esas condiciones, y advierte que esa interpretación afectaría el uso de metodologías telefónicas, digitales o mixtas.

La verdad de todo este entuerto es que la ley no dice lo que el mencionado comité intenta imponer. Lo que exige la norma es que los estudios sean científicos y probabilísticos, que la muestra sea representativa y que se cumplan estándares técnicos verificables, como el margen de error, el nivel de confianza y la adecuada selección de la muestra. En esencia, el núcleo de la discusión está en la calidad estadística del ejercicio. Bajo esos parámetros pueden realizarse mediciones telefónicas, en hogares, digitales o mixtas, siempre que la estructuración de la muestra garantice representatividad y rigor metodológico.

Estas interpretaciones, realizadas a apenas tres semanas de la primera vuelta por una comisión técnica cuya función no es interpretar la ley ni atribuirse competencias propias del Consejo Nacional Electoral, sino verificar aspectos técnicos y de registro, vulneran el derecho de los ciudadanos a ser informados adecuadamente sobre el evento electoral más importante del país. Ese derecho no es un favor del poder público. Hace parte del núcleo esencial de la libertad de expresión en una sociedad democrática. Así lo han reiterado tanto la Corte Constitucional colombiana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este episodio es otra corroboración de que Colombia, durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro, ha perdido parte de su engranaje institucional y ha visto deteriorarse la calidad de su democracia. La corrupción, la impunidad y el desconocimiento de la separación de poderes mediante ataques constantes a la rama judicial y al Congreso han terminado convirtiéndose en una práctica recurrente. Lo mismo ha ocurrido con el hostigamiento contra órganos independientes como el Banco de la República, la Registraduría Nacional o la Procuraduría General de la Nación. A ello se suma el irrespeto permanente hacia las cabezas de esas instituciones, expuestas constantemente al señalamiento y a la presión política. Todo esto ocurre mientras el sector privado permanece asediado y debilitado de manera sistemática.

Al final, con esta mutilación de la información electoral antes de las elecciones, los ciudadanos terminamos afectados: con menos derechos, menos libertades y menos garantías democráticas. No puede olvidarse que fue bajo el gobierno de Petro cuando asesinaron a un candidato presidencial. La democracia empieza a fallar cuando el poder intenta apropiarse de la información y controlar la conversación pública. El control sobre los sondeos puede convertirse en el puntillazo final contra lo que todavía queda de nuestra democracia liberal. Ojalá este país despierte.

Ex fiscal general de la Nación

Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)