Verres, gobernador de Sicilia (I a.C.), ejerció su administración con base en la extorsión, saqueo de obras de arte y abuso fiscal. Los sicilianos pidieron ayuda a Roma y un joven Marco Tulio Cicerón, el abogado más prestigioso del momento, asumió la acusación. A pesar de los artilugios de Verres para dilatar y enredar el proceso, este fue tan contundente que prefirió exiliarse antes de la sentencia.
La corrupción es la traición al voto. La defensa de la democracia no moviliza si se formula en términos ambiguos. “Separación de poderes”, “contrapesos”, “institucionalidad”, son conceptos esenciales, sin duda, pero lejanos para el ciudadano promedio. La corrupción sí es inmediata y tangible. La siente en el bolsillo, en carreteras inconclusas, en hospitales sin insumos, en energía que sube mientras alguien se enriquece en la sombra. En Colombia no enfrentamos una discusión teórica sobre el régimen político. Enfrentamos algo más ordinario pero corrosivo: funcionarios que, embriagados de poder público, se apartan de su cargo y lo convierten en plataforma para el beneficio privado. Cuando estos manipulan contratos, direccionan licitaciones y usan información privilegiada para sus intereses particulares, no atacan a un gobierno específico: minan la confianza en el Estado mismo. No distingue colores políticos porque afecta a cualquier administración y, principalmente, a los ciudadanos. La corrupción es un delito y, peor aún, un multiplicador de decepción democrática. El ciudadano tolera errores de política pública, discrepa de una reforma o de un enfoque, pero resiente que el dinero público financie ambiciones privadas y su indignación se vuelve moral. Pareciera haber avances en marcos normativos, sistemas de contratación pública digital y órganos de control fortalecidos; pero no, la arquitectura institucional no funciona si quienes la operan la ven como obstáculo y no como mandato. El problema no es la norma escrita; es la conducta viciada. El riesgo real es la corrupción aceptada como “costo del sistema”, normalizando que siempre haya una tajada, una comisión, un favor cruzado. Cuando eso ocurre, la democracia no cae de golpe, se erosiona de raíz. Atacar la corrupción no debe ser bandera episódica de campaña, sino política de Estado sostenida. El ciudadano sufre la corrupción y cuando percibe que no hay consecuencias, concluye que la ley es selectiva o irrelevante. La corrupción puede convertirse en punto de inflexión si exigimos transparencia, trazabilidad y sanción efectiva (sin sesgos partidistas). El mensaje sería claro: el poder es un encargo, no una propiedad. La democracia se defiende no con discursos si no garantizando que cada peso público cumpla su destino.
La corrupción es la traición al voto, lo demás es retórica. Ojalá viviéramos casos como el de Verres, quien, al verse expuesto a la contundente oratoria de Cicerón, huyó. Los corruptos pueden ejercer su derecho de hacer lo que quieran, pero no evadir su deber de asumir las consecuencias.
@achille1964
