Colombia ha alcanzado un punto de inflexión económico. Con ocasión a la reciente rebaja en su calificación soberana desde BB hasta BB- por parte de la calificadora de riesgo S&P Global Ratings, toco la más baja calificación en su historia reciente, no es un hecho aislado ni meramente técnico, es la señal más clara de un deterioro en la confianza sobre la capacidad del país para manejar sus finanzas públicas.
Este cambio ubica a Colombia en una categoría de mayor riesgo y la aleja de economías comparables en la región. Más preocupante aún, la experiencia muestra que recuperar el grado de inversión no es rápido: tras la crisis de finales de los noventa, el país tardó más de una década en lograrlo. Hoy, el reto podría ser incluso mayor.
El trasfondo es evidente, un gasto público creciente, menores ingresos y el debilitamiento de reglas fiscales han llevado a un aumento del endeudamiento, ahora en condiciones más costosas. Esto tiene implicaciones directas. A medida que el Gobierno paga más por su deuda, el esfuerzo fiscal se intensifica y, sin ajustes estructurales en la eficiencia del gasto, la presión por aumentar impuestos se vuelve casi inevitable.
Así, lo que parece lejano comienza a sentirse en la vida diaria. Para las empresas, significa crédito más caro, menor inversión y decisiones de expansión más cautelosas. Para los hogares, implica tasas de interés más altas, menor acceso a financiamiento y una posible mayor carga tributaria. En sectores como el inmobiliario, altamente dependientes del crédito y la confianza, esto se traduce en ventas más lentas y mayor incertidumbre.
El efecto agregado es un enfriamiento progresivo de la economía: menos inversión reduce el empleo y, con ello, la capacidad de consumo. Pero el impacto más profundo es intangible: la confianza. Cuando esta se debilita, empresas y ciudadanos ajustan su comportamiento, frenando decisiones clave y amplificando la desaceleración.
Colombia no enfrenta una crisis inmediata, pero sí un cambio de etapa. Este es el verdadero punto de inflexión: el momento en que los desequilibrios dejan de ser advertencias y empiezan a convertirse en restricciones reales.
El desafío ahora es claro. Recuperar la confianza exigirá disciplina fiscal, eficiencia en el gasto y reglas creíbles. No será un proceso rápido, pero sí imprescindible. Porque lo que hoy se percibe como una decisión de una calificadora terminará definiendo, en la práctica, el costo de vivir, invertir y hacer empresa en el país.
* Directora Ejecutiva Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla
@KeliPuche


