A poco más de 120 días para que finalice este gobierno, el sector salud del país sigue manga por hombro. Cada decisión que toma el Ejecutivo parece ser peor que la anterior y lo que queda en el panorama es que todo va mal y que ya nada puede ser peor, pero la mala noticia es que sí, sí puede serlo y de hecho los últimos acontecimientos han encendido todas las alertas en gremios, pacientes, usuarios, sectores políticos y la ciudadanía en general.
El pasado 10 de abril, la Superintendencia de Salud ordenó una nueva toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la Nueva EPS, entidad que permanece bajo su control desde abril de 2024, y en cuyo periodo se han multiplicado no solo las deudas, sino los reclamos.
Estamos hablando de la entidad promotora de salud más grande del país con un total de 11,5 millones de afiliados, cuya suerte, que ya viene en vilo por cuenta del mal servicio y de la crisis financiera y administrativa, está ahora más complicada por cuenta de un nuevo escándalo y de nombramientos inesperados del presidente Gustavo Petro tanto en la Supersalud como en la Nueva EPS.
El escándalo es de una gravedad mayor teniendo en cuenta que el comité técnico de la Superintendencia había recomendado no extender la medida de toma de posesión, partiendo del hecho de que no se contaba con el informe de la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud requerido. No obstante la superintendente ad hoc Luz María Munera desconoció la recomendación y procedió a ordenar la prórroga y además nombrar como nuevo agente interventor al ex alcalde de Cali Jorge Iván Ospina.
Todo este proceso irregular salió a la luz pública por cuenta de la propia Supersalud, puntualmente por la Delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud, que envió una carta a la Procuraduría General de la Nación poniéndole en conocimiento “las presuntas irregularidades observadas... generando riesgos en términos de legalidad, seguridad jurídica y sostenibilidad de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.
Palabras más, palabras menos, se pasaron por la faja todos los lineamientos para mantenerse en la línea intervencionista marcada por el presidente, incluso pese a que la medida había vencido el 3 de abril, que el Ministerio de Salud, al 6 de abril, no había respondido a la solicitud de prórroga ejecutiva de la mencionada EPS, y con lo cual, reza la carta de la superintendencia delegada, a partir del día 7 de abril la Nueva EPS quedó sin medida especial de intervención para administrar.
Justo cuatro días después de la prórroga de la toma de control, presentó su renuncia Bernardo Camacho como superintendente de Salud, alegando “motivos estrictamente personales”, apenas cinco meses y medio después de haber asumido el cargo. Él era el cuarto en 44 meses de gobierno del presidente Petro, después de Ulahy Beltrán (17 meses), Luis Carlos Leal (8 meses) y Helver Rubiano (11 meses).
El quinto, que sí es malo para buena parte del país, incluyendo a algunos sectores del Pacto Histórico, será Daniel Quintero, hasta hace poco precandidato presidencial y ex alcalde de Medellín, seriamente cuestionado e investigado por varios hechos de presunta corrupción, quien de entrada llega diciendo como carta de presentación y sin haberse posesionado: “Voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos...Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”.
El propio director de la Ungrd, Carlos Carrillo, de las entrañas del petrismo puro y duro, dice que es un “yerro enorme” y los hace “retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”.
En tanto que Pacientes Colombia hizo un llamado “para que no normalicen la designación de funcionarios seriamente cuestionados en cargos clave, ni la utilización de las intervenciones como herramienta política”.
Le quedan exactamente 121 días al Gobierno para hacer lo que no ha hecho en los 44 meses anteriores.
Improvisación, decisiones ideologizadas y alejadas de los estudios técnicos, siguen marcando, hasta el final, la pauta en el actuar del Gobierno. Evidentemente la salud y el bienestar de los usuarios es lo de menos.
