La controversia desatada por la subasta del antiguo inmueble de Titos Bolos se extiende mucho más allá de lo que debería ser un rutinario proceso de enajenación de activos. El solo anuncio ya ha puesto en evidencia una serie de tensiones jurídicas, institucionales y sociales que exigen claridad, rigor y control efectivo del Estado, también de los ocupantes del lugar.

Desde 1983, el predio, ubicado en el norte de Barranquilla, fue sede de una de las boleras más modernas del país y punto de encuentro de generaciones. Era propiedad de la entonces todopoderosa familia Nasser y dicen testigos de que fue un regalo de Julio César Nasser a su hijo, Jorge ‘Tito’, luego de que este fuera objeto de una situación de rechazo social. Al margen de lo sucedido, el sitio se convirtió en ícono del entretenimiento local durante años.

Su posterior transformación, con la presencia durante casi tres décadas, a partir de 1997, de una congregación religiosa, añade un manto de complejidad que ahora choca con la realidad jurídica del bien que corresponde a un predio sometido a extinción de dominio y administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que busca su pronta recuperación.

La decisión de llevarlo a subasta —prevista para el 27 y 28 de abril, con un precio base de casi $16 mil millones— responde, indica la SAE, a recurrentes incumplimientos del contrato por parte de la iglesia cristiana. De hecho, la mora en cánones de arrendamiento desde el 2020, que superaría $1.000 millones entre capital e intereses, según conoció EL HERALDO, configura, en criterio de la misma entidad, una ocupación irregular que debe ser corregida para hacer efectiva la recuperación jurídica y financiera del bien y, luego, su puesta en valor.

Ahora bien, la posición de la congregación religiosa introduce elementos que no pueden ser ignorados. Su permanencia por 28 años, las inversiones que, dicen, han hecho allí y la alegación de afectaciones sociales abren un genuino debate sobre la confianza legítima, la proporcionalidad de las decisiones administrativas y el impacto comunitario de la subasta. De ahí que la solicitud de suspensión del proceso y el llamado a que los entes de control se sumen al mismo ratifican que no se trata únicamente de un litigio contractual, sino de un caso que demanda ponderación constitucional debido a todo lo que se encuentra en juego.

A esta controversia jurídica se suman las observaciones de la Contraloría General que ha advertido deficiencias de la SAE en la supervisión contractual y una reacción tardía frente a los incumplimientos del arrendatario. Cuestión que no es menor porque sugiere que el conflicto no solo es consecuencia de la mora de la iglesia cristiana, también lo atribuye a las fallas institucionales en la gestión y seguimiento del bien. Una situación que, a decir verdad por casos similares que se han conocido en otros sitios del país, no resulta nueva en la SAE.

El riesgo, de momento, se presenta doble. Por un lado, avanzar en una subasta sin despejar plenamente las controversias planteadas por las partes podría generar temor o inseguridad jurídica para los inversionistas interesados. Por otro, dilatar indefinidamente el proceso que ha lanzado la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para restituir el inmueble, administrado por la firma Activos por Colombia, podría perpetuar la ineficiencia en la administración de bienes en extinción, como quedó en evidencia tras lo señalado por el ente de control fiscal.

El Estado colombiano no debería permitirse ni lo uno ni lo otro. Lo que realmente está en juego es la credibilidad institucional en el manejo o gestión de los bienes incautados —tradicionalmente bajo escrutinio—, pero también aparece la desconfianza ciudadana en que organismos, como la SAE, actúen con transparencia, legalidad y responsabilidad social.

El caso exige, sin dilaciones, la intervención articulada de los entes de control para verificar la legalidad del proceso, esclarecer responsabilidades y garantizar que cualquier decisión —bien sea la subasta o bien su eventual suspensión— se sustente en sólidos criterios técnicos, jurídicos y sociales. Únicamente así será posible solventar una controversia que, más allá de que sea un bien asociado a la memoria histórica de Barranquilla, pone a prueba la capacidad del Estado para administrar justicia patrimonial sin sacrificar la legitimidad de sus acciones.