Hay un problema del que casi no se habla en medio del paro minero del Bajo Cauca, pero que en realidad es el más grave de todos: hoy existen títulos mineros legales en Colombia donde el titular tiene el derecho, pero no tiene el control. Es decir, el papel dice una cosa, pero el terreno dice otra.
En varias zonas del país (y esto no es un secreto) hay concesiones otorgadas legalmente donde las empresas no puede entrar. No porque no quiera, sino porque cuando intenta hacerlo ya hay maquinaria operando, gente viviendo de esa actividad y, en muchos casos, una economía completa montada sobre ese mismo subsuelo, porque una cosa es tener un derecho minero y otra muy distinta es poder ejercerlo. Y ahí es donde se complica todo, pues el estado pierde control real sobre los territorios, lo que abre la puerta a la ilegalidad y a la minería que no queremos, esa que deja muchos daños ambientales.
Es como si en una ciudad la gente empezara a invadir viviendas desocupadas, montar negocios dentro de ellas y, con el tiempo, el Estado terminara negociando con los ocupantes en lugar de restituir el derecho del propietario. Eso es exactamente lo que está pasando en algunos títulos mineros en Colombia. El gran problema es que la situación nunca se ha resuelto de fondo, se ha dejado crecer la ocupación de los territorios mineros en muchos casos de manera ilegal y que se creen economías de las que las comunidades empiezan a depender. Esto nos lleva a un dilema, entra el estado a decomisar o destruir maquinarias, a formalizarlos y llevarlos a la legalidad o prescindir de responsabilidades contractuales con los que han hecho su proceso legal y obtenido las concesiones. A día de hoy el mensaje ha sido muy preocupante, porque al legalizar está incentivando a la informalidad para que luego lo formalicen, mejor dicho, primero se ocupa un área, se explota durante años y luego se entra en una negociación para ser formalizado o integrado, el incentivo es clarísimo: primero se ocupa, después se negocia.
Ahora bien, ¿qué hacer frente a esto? Lo primero es entender que no todo se resuelve con fuerza, pero tampoco todo se puede negociar. El Estado tiene que recuperar control en las zonas donde el daño ambiental o la ilegalidad son evidentes, pero al mismo tiempo tiene que abrir caminos reales para integrar a quienes sí tienen vocación de formalidad. Segundo, donde existan títulos vigentes, la única salida viable es ordenar la operación bajo el titular minero, con nadie más y garantizar su entrada. El estado puede gestionar quizás subcontratos, acuerdos operativos, esquemas de integración entre el dueño del título y el minero tradicional para que sigan trabajando, pero bajo reglas claras, trazabilidad y control ambiental. Tercero, como no todo se puede incorporar, Hay operaciones que, por escala o por ubicación, simplemente no tienen cabida para ser formalizadas. Las formalizaciones son para pequeños mineros, pero en el bajo cauca, supuestos pequeños mineros tienen maquinas de 1500 millones de pesos y dragas de más de 3 millones de dólares. Y ahí el Estado tiene que actuar, no se puede negociar.
Director Observatorio de Transición Energética del Caribe OTEC – Universidad Areandina
