El 2025 fue un año especialmente complejo para Cerrejón. Los constantes bloqueos y ataques contra la vía férrea que comunica la mina con Puerto Bolívar pusieron en riesgo la operación de un corredor estratégico para el movimiento del carbón hacia los mercados internacionales. Con más de 150 kilómetros de extensión, cualquier interrupción se reflejó de inmediato en la producción y en los embarques.

Los bloqueos adelantados por comunidades y distintos grupos sociales paralizaron repetidamente el tránsito de los trenes. Muchas de estas acciones, motivadas por reclamos sociales, ambientales o laborales, obligaron a detener la operación durante horas e incluso días, afectando la continuidad y el cumplimiento de los compromisos comerciales.

A ello se sumaron ataques directos contra la infraestructura férrea: daños a los rieles, afectaciones en la señalización y actos vandálicos en puntos clave. Estas situaciones elevaron los riesgos para la seguridad y llevaron a la empresa a activar protocolos de emergencia y ordenar paradas preventivas para proteger a trabajadores y comunidades.

Las consecuencias operativas fueron evidentes. La reducción de días efectivos de transporte disminuyó el volumen de carbón exportado, afectando los ingresos en un año ya presionado por la volatilidad del mercado y el avance de la transición energética.

La Guajira también sintió el impacto. Menores exportaciones significaron menos regalías e impuestos, recursos fundamentales para impulsar programas sociales e infraestructura en una región que depende de estos aportes.

En lo laboral, la incertidumbre marcó el año. La reprogramación de turnos, las suspensiones y las pausas operativas afectaron a cientos de familias vinculadas directa o indirectamente a la cadena carbonífera.

A esto se sumaron mayores costos para Cerrejón. La compañía tuvo que invertir en reparaciones, refuerzo de seguridad y nuevas medidas de prevención, afectando su competitividad frente a otros productores internacionales.

El clima social también se deterioró. Aunque muchas de las protestas tenían demandas legítimas, la presencia de violencia y sabotajes dificultó el diálogo con algunas comunidades y frenó la construcción de acuerdos duraderos.

La incertidumbre logística complicó la relación con clientes internacionales, que exigen regularidad y cumplimiento estricto en los cronogramas de embarque.