Las obras de infraestructura siempre traen consigo incomodidades. Tráfico lento, desvíos, polvo, ruido y una alteración temporal de la rutina hacen parte del precio que se paga por una promesa de mejora. En ese sentido, no resulta difícil comprender que una obra compleja pueda enfrentar atrasos, apuros financieros o errores de planeación. Todo eso, aunque molesto, entra dentro del terreno de lo esperable.
Sin embargo, a veces lo que cuesta aceptar —y lo que termina por exasperar— no es el atraso en sí mismo, sino la indiferencia frente a sus consecuencias más inmediatas. Una cosa es que una obra se demore; otra muy distinta es que, mientras tanto, se permita que su entorno se degrade hasta convertirse en una especie de tierra de nadie. No me refiero aquí a los reclamos de fondo que seguramente terminarán en instancias judiciales: las pérdidas económicas de algunos comercios, la afectación prolongada de actividades productivas o el incumplimiento de plazos contractuales. Esos asuntos tienen responsables claros y procedimientos establecidos. Me refiero, más bien, a los pequeños detalles, a aquello que podría resolverse con intervenciones sencillas.
Basta observar lo que pasa con las obras de la Gran Vía, que parecen no terminar su viacrucis. Los frentes de trabajo muestran un desorden inseguro e incomprensible. Las intersecciones provisionales cerca de la antigua entrada a Villa Campestre, por ejemplo, son un caos: superficies irregulares, desniveles mal resueltos y cruces improvisados, sin lógica ni jerarquía. La señalización es confusa o inexistente. La prioridad entre peatones, ciclistas y vehículos parece quedar a merced del instinto o de la ley del más fuerte.
¿De verdad es imposible mejorar esas condiciones mientras la obra avanza? ¿Resulta tan complejo disponer una capa básica de asfalto o de concreto para estabilizar un cruce? ¿Colocar señalización clara y visible? ¿Asignar agentes de tránsito en los momentos de mayor congestión? Lo preocupante es que esa situación no parece responder a una dificultad técnica o presupuestal insalvable, sino a una indolencia compartida, que no distingue entre autoridades y contratistas, como si el problema dejara de existir por el solo hecho de ser provisional.
En la manera como se gestiona la incomodidad, en cómo se cuida al ciudadano incluso en medio del desorden inevitable, se manifiesta también la competencia de las autoridades. Cuando eso falla, el mensaje es claro y desalentador: de malas, te aguantas y punto, no nos importa. Y esa, más que el polvo o los trancones, es la molestia más difícil de tolerar.
moreno.slagter@yahoo.com
