En 2017 se creó en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema que nació con una promesa enorme: esclarecer la verdad del conflicto, investigar a todos los responsables, sin excepciones y garantizar que nunca más se repitieran los horrores de la guerra. Era, en teoría, la columna vertebral del Acuerdo de Paz. Un mecanismo para cerrar heridas, no para abrir nuevas brechas de desconfianza.
Sin embargo, casi ocho años después, los resultados dejan muchas dudas. Lo que se pensó como una justicia equilibrada ha terminado pareciendo, para muchos, una justicia blanda y permisiva con los excombatientes de las FARC pero absolutamente severa con los miembros de las fuerzas públicas. Las sanciones propias, que prometían ser restaurativas y estrictas, se sienten insuficientes frente a crímenes atroces; tanto así que hoy varios de los antiguos comandantes ocupan curules en el Congreso mientras sus víctimas siguen esperando reparaciones reales.
Pero quizá lo más difícil de explicar es el desequilibrio en el foco investigativo. ¿Para qué necesitábamos una jurisdicción especializada si la mayor rigurosidad recae sobre la fuerza pública, quienes ya tenían una jurisdicción que investigara sus crímenes? Y a esto, hay que sumarle que las investigaciones sobre los vínculos de las FARC con sectores políticos han sido prácticamente inexistentes. La supuesta verdad total del conflicto no puede contarse si un capítulo entero se omite, y ese silencio ha sido evidente.
La JEP no solo no investiga esas conexiones: tampoco ha reaccionado con contundencia frente al incumplimiento de los acuerdos por parte de los excombatientes. ¿Dónde quedaron las garantías de no repetición? ¿Cómo se sostiene un modelo de justicia transicional cuando quienes se comprometieron a desarmarse vuelven a aparecer en estructuras ilegales e incumplen las obligaciones de verdad y reparación sin consecuencias reales?
La paz no se construye a punta de complacencias. Si la JEP existe, debe existir para todos. Para militares, para guerrilleros, para terceros y para quienes hayan tenido responsabilidad política. No puede ser una justicia selectiva ni una justicia temerosa de investigar a quienes hoy ocupan cargos de poder.
Colombia necesita una verdad completa, no una verdad a pedazos. Y necesita una justicia transicional que genere confianza, no frustración. La promesa de la JEP fue enorme; por eso mismo, su deber de responder a esa promesa también lo es. Mientras no haya equilibrio, rigor y consecuencias claras frente al incumplimiento, las garantías de no repetición seguirán siendo eso: una frase bonita en un papel. La paz merece más. Y las víctimas, muchísimo más.
@CancinoAbog
