El país no puede ignorar las reflexiones, advertencias y propuestas emitidas por el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, en la interesante entrevista concedida a la periodista María Isabel Rueda el lunes pasado en este diario.
A pesar de las extravagantes amenazas de ‘Iván Mordisco’, sin connotación política alguna, dedicado al narcotráfico y la minería ilegal, de impedir las elecciones y, las justificadas alarmas de la Defensoría del Pueblo sobre el dominio delincuencial en más de un centenar de municipios, el registrador garantiza la celebración de los comicios, desde luego, con el concurso de la Procuraduría y de las Fuerzas Militares y de Policía. Descarta igualmente que, con el sistema actual, decantado hace varias décadas, pueda darse un ‘Chocorazo’ que afecte la legitimidad de la elección.
Con la prudencia que lo caracteriza desliza sin embargo varias reflexiones críticas sobre el llamado poder electoral. Queda claro que el Consejo Nacional Electoral, organismo creado en el año 91, tiene competencia para regular la acción partidista; conceder o negar personerías; vigilar el cumplimiento de las normas de democracia interna de los partidos; disponer de los recursos para reposición de votos y sostenimiento económico para las organizaciones partidistas; autorizar consultas; controlar la financiación de las campañas; sancionar de manera drástica a los partidos y a los candidatos cuando se violan los topes electorales, entre otras delicadas funciones.
Aun cuando no lo dice expresamente, subyace la idea del origen político del Consejo Electoral, que se presta para que, como suele ocurrir no siempre con razón, se cuestionen sus decisiones. Debe resaltarse que, por primera vez, ese Consejo con una votación de seis a tres decidió sancionar una campaña presidencial con todas las implicaciones contempladas en la ley 1864 de 2017.
Las multas fueron para los partidos y el gerente de la campaña, Ricardo Roa, entre otros funcionarios. Como también se contempla la pérdida del cargo, en virtud del fuero presidencial, se enviaron las copias pertinentes a la Comisión de Acusaciones para lo relativo al presidente de la República. En verdad, más allá de lo formal, el Consejo Nacional Electoral no tiene los “dientes” para impedir -como ha ocurrido y sigue ocurriendo- el derroche de dinero tanto en las campañas como en las precampañas.
Dos figuras creadas con buena intención política han sido totalmente desfiguradas: las consultas y las candidaturas por firmas.
En cuanto a las primeras la idea era que los ciudadanos pudieran intervenir en la escogencia de los candidatos del partido de sus preferencias. Ello es posible cuando hay partidos organizados y carnetizados, pues las consultas son muy sencillas y sin grandes costos económicos. Como no hay partidos de verdad, cada consulta debe organizarse y pagarse como cualquier elección abierta de carácter nacional.
Pero el mecanismo más engañoso es el de las candidaturas por firmas. Fue ideado para que quienes no tuvieran partido pudieran buscar un primer apoyo ciudadano. Nunca se pensó que políticos curtidos, de larga experiencia, que antes han sido elegidos parlamentarios, gobernadores o alcaldes, lo utilizaran para resolver problemas internos. Hay candidatos que se presentan por firmas, pero además tienen un aval.
El registrador Nacional señala que hay 92 candidatos que se inscriben por firmas y la Registraduría tiene apenas un poco más de un mes para corroborarlas con grafólogos que deben contrastar la autenticidad de entre treinta y cinco y cuarenta millones de ellas; que una firma puede avalar cuantos candidatos sean. No lo dice él, pero obviamente de esa manera una firma no está demostrando ninguna preferencia que merezca atenderse.
Algunos lo justifican diciendo que es una forma de “hacerse conocer”, como repiten, “recorriendo el país”. Pero ya se sabe que ni eso ocurre, pues se contrata a una empresa para que haga la recolección que el candidato necesita. Además, no se está auditando el dinero gastado en esa recolección de firmas.
Con la autoridad que le da el hecho de que la Registraduría es una de las entidades de mayor aceptación por la ciudadanía, su titular, pasadas las elecciones, podría liderar la campaña para cambiar el engañoso sistema electoral.
@gomezmendeza
